Dijo que el Ministerio Público, que ha pedido al PJ tramitar el levantamiento de su fuero parlamentario, no respetó su derecho a la defensa al no convocarlo para formular sus descargos.
El congresista Heriberto Benítez dijo que no se niega a que la Fiscalía continúe investigándolo por el caso La Centralita, tras asegurar que el martes asumirá su defensa en la sesión del pleno que debatirá el pedido para levantar su inmunidad.
En declaraciones a la Agencia Andina, refirió que el Ministerio Público, que ha pedido al Poder Judicial tramitar el levantamiento de su fuero parlamentario, no ha respetado su derecho a la defensa al no convocarlo para formular sus descargos.
Asimismo, precisó que luego de la audiencia judicial donde se argumentó esta solicitud, se añadieron elementos adicionales a las imputaciones que le formulan, sin darle tiempo para realizar sus descargos al respecto.
"Esas dos violaciones a mi derecho de defensa harían que cualquier juez honesto declarase nulo el pedido”, indicó.
Agregó que el lunes 19 culminará su periodo de suspensión de 120 días impuesto por el Congreso a pedido de la Comisión de Ética, por el caso La Centralita, razón por la cual podrá hacer uso de la palabra en el pleno a fin de asumir su defensa.
“El martes volveré al Parlamento, pero tengo entendido que el pedido de levantamiento de mi fuero será el único tema que el pleno verá ese día”, sostuvo.
Además de Benítez, el Poder Judicial pide al Congreso levantar la inmunidad del legislador Víctor Crisólogo (PP). A ambos la Fiscalía les atribuye vinculaciones con el accionar del exgobernador regional de Áncash César Álvarez, en prisión preventiva por casos de corrupción.
El presidente del Legislativo, Luis Iberico, manifestó que el miércoles el pleno discutirá este pedido, que tiene el visto bueno de la Subcomisión de Levantamiento de Inmunidad del Legislativo.
Benítez, por otro lado, consideró que la fiscal de la Nación debería investigar al legislador Mauricio Mulder (Apra), por sus declaraciones "intimidatorias" contra los miembros del Tribunal Constitucional.
Esa actitud “configura delito de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones”, argumentó.
ANDINA
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