Chiabra: una iniciativa que atenta contra la independencia de la Justicia, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

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El lunes pasado hemos visto en Israel el ejemplo de una Corte Suprema que en tiempo de guerra ha sido capaz de invalidar un proyecto del gobierno que afectaba la independencia de la Justicia. Al parecer, en el Perú hay quienes quieren hacernos retroceder a épocas en que los políticos decidían quién podía ser Juez o Fiscal Supremo y quién debía dejar de serlo. Lo que habíamos avanzado con la constitución de 1979 y mantenido en la constitución rubricada por Alberto Fujimori en 1993, podría ceder paso a una inesperada iniciativa defendida por el congresista Roberto Chiabra, inscrito en la bancada de Alianza para el Progreso. La iniciativa es tanto más desatinada que el Congreso actual bate récords de impopularidad, lo que quiere decir que cerca de 90% de los ciudadanos no confía en los elegidos para hacer leyes. Un congreso de investigados, prófugos, Niños, mochasueldos y silentes beneficiarios de bonos y aguinaldos pretende crear un sistema de nombramientos sobre el que gravita la sombra de la intimidación y la politización. Omitiremos por pudor mencionar las relaciones familiares del señor Chiabra con abogados asociados a la defensa de la suspendida Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. El tema es de fondo: restablecer la confianza de los ciudadanos en un país en el que abunda la corrupción y la impunidad. En esas condiciones, reforzar el poder de los políticos sobre los magistrados resulta una contribución mayúscula a la erosión de las instituciones. Iniciativas de ese tipo las conocemos en países que desprecian la democracia y violan sistemáticamente los derechos humanos como Venezuela y Nicaragua, sin hablar del caso cubano y sus 65 años de régimen de partido único. ¿Qué pasaría si la iniciativa de Chiabra prosperara y los congresistas pudieran cesar a los magistrados que participan en los procesos de figuras de la política como Toledo, Humala, Villarán, Keiko Fujimori y Kuzcynski? Todos lo sabemos: las decisiones judiciales pasarían a estar subordinadas a consideraciones políticas.

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