Columna | El sistema judicial sigue funcionando sin un mecanismo de control en el que podamos confiar

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Comenzamos una nueva semana con temas coyunturales a los que hay que dar respuestas enmarcadas en una visión de largo plazo. La acción pública no se debe limitar a resolver dificultades sino a crear las condiciones para que no se repitan los mismos problemas o se resuelvan en el marco de instituciones eficientes y creíbles. Eso vale para el aniego de aguas servidas en San Juan de Lurigancho, para la chocante prisión preventiva de un suboficial de la Policía en Piura y para las constantes dudas sobre el funcionamiento de nuestro sistema judicial.

Las delaciones desde Brasil

El principio es simple: la misma severidad y la misma imparcialidad para todos. Sólo de esa manera podremos superar con provecho una situación única a nivel mundial: el cuestionamiento penal de los últimos cuatro gobiernos elegidos democráticamente. Ese es el trasfondo de nuestra lucha contra la corrupción: establecer las responsabilidades de presidentes, ministros, gobernadores, alcaldes y candidatos. De ahí la importancia crucial de las confesiones que obtendremos en Brasil los meses de febrero y marzo. No debemos sorprendernos si durante las próximas semanas asistimos a nuevas maniobras para hacer abortar esa colaboración facilitada por la Justicia brasileña. Desde ya sabemos que hay dos escollos principales: las objeciones al Acuerdo logrado con Odebrecht y la falta de institucionalidad estable de nuestro sistema judicial.

Acuerdo con Odebrecht

Respecto del Acuerdo elaborado por la Fiscalía y la Procuradoría con la empresa brasileña, sus detractores reprochan el monto de la reparación, el plazo de pago y sobre todo que pueda seguir trabajando en nuestro país. Así se ha hecho en otras empresas a nivel internacional, incluyendo bancos, suministradores de electricidad y automotrices como Volkswagen. Se sanciona a los ejecutivos, se obliga a reformas en la empresa y se somete sus ingresos a control para mantener la cadena de pagos, preservar el empleo y sobre todo, garantizar las confesiones. Si de verdad queremos saber lo que sucedió en nuestro país y conocer la identidad de los cómplices peruanos, tenemos que firmar un acuerdo. Perfectible como todos, y susceptible de aumentar sus montos cuando se confirme la corrupción en casos en los que por ahora carecemos de pruebas. Sobre el Acuerdo, el expresidente Alan García se ha expresado con más sutileza que algunos de sus correligionarios. Perú21 le pregunta si el Acuerdo es perjudicial para el Perú. García contesta: “Depende. Si se investigan todos los casos, creo que será positivo”. Respecto al mantenimiento de Odebrecht en nuestro país, García vuelve a diferenciarse de otros dirigentes apristas: “Más allá de lo ocurrido, es  una empresa con altísima ingeniería. Seguirá con presencia en Brasil. Si las empresas peruanas pueden suplantarla, perfecto. Pero entiendo que algunas quieren vampirizar a Odebrecht y hacerse de sus máquinas y técnicos”.

Reforma judicial

Además del Acuerdo con Odebrecht , el otro requisito para salir de la guerrilla parlamentaria que oculta las trampas y disfraza las intenciones es disponer cuanto antes de una Junta Nacional de Justicia, que nombre y revoque a jueces y fiscales. Para eso, es indispensable que entre en funciones la Comisión Especial que, bajo el liderazgo del Defensor del Pueblo, va a seleccionar a los miembros de la Junta. El tiempo corre sin que el Pleno haya aprobado una ley que permita el trabajo de esa Comisión, por lo que todo el sistema judicial sigue funcionando bajo la sombra de la impunidad y sin un mecanismo de control en el que podamos confiar. La solución está en las manos de las Comisiones de Constitución y Justicia, presididas respectivamente por la fujimorista Rosa Bartra y el oficialista Alberto Oliva.

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