El congresista Víctor Andrés García Belaúnde dijo que este pedido será debatido en la comisión Lava Jato "hoy o mañana". También dijo que ya se ha aprobado el informe final sobre cuatro proyectos.
El congresista Víctor Andrés García Belaúnde dijo que la comisión Lava Jato tiene “en agenda” el debate para levantar el secreto bancario a 26 empresas periodísticas.
“Eso no está acordado. Eso se va a debatir hoy o mañana. Todavía está en agenda. No le puedo dar resultado mientras no se debata, se apruebe o se rechace” dijo en Ampliación de Noticias.
Según el diario La República, la lista de empresas a las cuales se les levantará el secreto bancario están el Grupo La República, Frecuencia Latina Representaciones (Canal 2), Panamerican Media (Canal 5), Media Networks Latin America (Plus TV) y Corporación Universal (Exitosa), entre otras. También empresas de asesorías de medios como ABH Consulting (Alfonso Baella Herrera), ADN Consultores y Sello Propio (Raúl Vargas y otros).
De acuerdo con documentos de la comisión Lava Jato, a los que La República tuvo acceso, el grupo Odebrecht y sus consorciadas recurrieron a “crear una expectativa ciudadana, apoyada y generada a través de medios de comunicación” para obtener contratos con el Estado.
Otro documento señala que la comisión "identificó que el grupo Odebrecht, sus consorciadas y otros sujetos relacionados a ellos contrataron entre los años 2001 ya 2017 los servicios de diversas empresas dedicadas a actividades de radio y televisión, transmisiones de radio, programación y transmisión de televisión, actividades de asesoramiento empresarial, publicidad, encuestadoras, actividades de organizaciones profesionales y otras actividades de telecomunicaciones, profesionales, científicas, técnicas y empresariales".
En la última sesión de la comisión Lava Jato se aprobó el informe final sobre cuatro proyectos: Interoceánica del Sur, el Centro de Convenciones de Lima, el Hospital Antonio Lorena del Cusco y la Central Hidroeléctrica Chaglla.
Rosa Bartra también aseguró que se solicitó que se agreguen a otras personas naturales y también jurídicas para que puedan ser investigadas. Además, afirmó que se están evaluando 18 acusaciones constitucionales, 116 responsabilidades penales, 25 de índole administrativo y cuatro de responsabilidad civil.
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