El pliego interpelatorio que deberá responder el ministro Fabricio Valencia consta de 11 preguntas.
Congresistas de diversas bancadas presentaron una moción de interpelación contra el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, para que responda por la reducción de 2 400 kilómetros cuadrados en el área de la reserva arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca. Esta medida ha sido criticada por arqueólogos, especialistas en conservación, defensores ambientales y organizaciones que luchan contra la minería ilegal.
En la moción de orden, presentada este jueves y firmada por los grupos parlamentarios Bloque Democrático Popular, Acción Popular, Somos Perú, Honor y Democracia, entre otros, se señala que la disminución del plano perimétrico de la zona —que pasa de 5 600 a 3 200 kilómetros cuadrados tras la reciente actualización— "se suma a una larga lista de ejemplos que ponen en tela de juicio la capacidad y el compromiso del ministro Valencia Gibaja con la defensa y promoción del patrimonio cultural".
El pliego interpelatorio que deberá responder el ministro de Estado consta de 11 preguntas. Una de ellas se refiere al sustento técnico, científico y legal del recorte del sitio reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; y otra, a si el portafolio coordinó con la Unesco la modificación del territorio arqueológico, donde se han hallado más de 800 figuras geométricas, antropomorfas, zoomorfas, entre otras.
Advierten sobre minería ilegal en área protegida
En el documento también se cuestiona que el Ministerio de Cultura no haya consultado a los arqueólogos locales sobre la resolución viceministerial del 28 de mayo, que modifica el plano perimétrico de la reserva. Asimismo, se recuerda que el Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú ha exigido la destitución del titular del sector por supuestamente atentar contra el patrimonio cultural.
"Estando el área recortada por el Ministerio de Cultura estrechamente vinculada al espacio declarado Patrimonio Histórico y Cultural por la Unesco, se estarían vulnerando principios fundamentales de la protección del patrimonio establecidos en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, artículos 4 y 5. Con ello, el Estado peruano estaría incumpliendo la obligación de garantizar la conservación del patrimonio cultural, adoptando las medidas técnicas, científicas y administrativas necesarias", se lee en el texto.
El legislador Edward Málaga indicó que en el área cercenada “hay mucha actividad minera ilegal”, un flagelo que, en septiembre de 2024, el propio Ministerio de Cultura denunció. “Es inevitable, ya sea por citación o por interpelación, que el ministro asista a explicar lo que ha hecho”, afirmó durante una entrevista en el programa Prueba de fuego, de RPP TV.
Al respecto, según el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), la “drástica reducción de la Reserva Arqueológica de Nasca la expone a muy graves riesgos y daños acumulativos, debido a que el área excluida coincide con decenas de petitorios mineros e inscripciones de actividades en proceso de formalización, muchos de ellos con inscripción suspendida en el Reinfo”.
En un pronunciamiento, la organización destacó que ha “identificado que en el área excluida no solo existen 57 concesiones tituladas y 165 petitorios mineros, sino que, además, a pocos días de la decisión gubernamental, se han presentado ante el Ingemmet al menos 58 nuevos petitorios mineros en la zona arqueológica excluida, generando mayor presión sobre esta área sensible”.
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