Cuestión de confianza y un escenario posible en el Tribunal Constitucional

El Ejecutivo presentará una acción de inconstitucionalidad contra la ley, aprobada en insistencia, que regula la cuestión de confianza. Mientras se resuelve este tema en el Tribunal Constitucional, la ley ya se encuentra vigente tras su publicación hoy en el Boletín de Normas Legales del diario El Peruano. Abogados constitucionalistas estiman que un fallo podría tardar hasta tres meses.

El fallo sería el tercero que trate sobre el tema de la cuestión de confianza. Recordemos que ya hubo dos fallos anteriores. 

En el 2018, el TC declaró inconstitucional la intención de limitar la Cuestión de Confianza, a través de una modificación del Reglamento del Congreso. En su fundamento 75, el TC establece que la “cuestión de confianza que pueden plantear los ministros ha sido regulada en la Constitución de manera abierta, con la clara finalidad de brindar al Poder Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político por parte del Congreso, para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera”. La inconstitucionalidad de esa norma de menor rango fue respaldada por unanimidad por los siete magistrados.

En 2019, el TC declaró infundada la demanda competencial que presentó el Congreso contra su disolución. En el fallo, el TC señala que el “extenso marco de escenarios no debe ir de la mano con uso indiscriminado de la cuestión de confianza”. Esa vez, la decisión se adoptó con la votación en mayoría de los magistrados Marianella Ledesma, Manuel Miranda, Eloy Espinosa-Saldaña y el fallecido Carlos Ramos. Para ese entonces, en un proceso competencial solo era necesario mayoría simple. Cabe precisar que el Nuevo Código Procesal Constitucional, aprobado por el Congreso complementario, subió la valla para que en los procesos competenciales se requieran cinco votos para que la demanda sea fundada. 

La exministra de Justicia Ana Neyra recordó que el expresidente Martín Vizcarra usó la cuestión de confianza para la aprobación de la reforma política, la reforma de justicia y con el proyecto de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. “Entonces la confianza es importante factor de presión del Ejecutivo hacia el Congreso para que determinadas políticas se prioricen”, dijo.

Asimismo, consideró que detrás de la ley de la cuestión de confianza está el “limitar la posibilidad del Ejecutivo de disolver el Congreso”. Como se sabe, el Ejecutivo puede disolver constitucionalmente el Congreso, si este le niega la confianza en dos ocasiones.

Contando los votos

Para declarar la inconstitucionalidad de la norma se necesitan 5 votos, según la Ley Orgánica del TC y el Nuevo Código Procesal Constitucional. Actualmente, el Pleno del TC está compuesto por 6 magistrados: Marianella Ledesma, Manuel Miranda, Eloy Espinosa-Saldaña, José Luis Sardón, Enrique Blume y Augusto Ferrero.

El abogado constitucionalista Luciano López expresó que en la práctica la ley “tiene vocación de permanencia”, debido a que bastaría con que solo dos magistrados se opongan para que la norma no alcance a ser declarada inconstitucional. “Basta con que dos magistrados digan que es constitucional y prácticamente la minoría se impondría a la mayoría”, dijo.

El abogado Omar Cairo señaló que los magistrados deberían “guardar coherencia” con lo que ya fallaron en el 2018. “Por lo tanto, que mantengan esta posición que establecieron que la cuestión de confianza no puede ser limitada en cuanto a las materias que respalden las solicitudes […], si guardan esa coherencia, tendrían que por unanimidad declarar fundada la demanda”.

Entonces, teniendo el antecedente de la votación del fallo del 2019, la posición de los magistrados podría quedar en 3-3 y no se alcanzarían los cinco votos requeridos para declarar la inconstitucionalidad. 

PODCAST RPP | Ministro de Justicia: ahora no hay equilibrio de poderes con proyecto aprobado en el Congreso

Aníbal Torres consideró que los congresistas que aprobaron por insistencia el proyecto de interpretación de la cuestión de confianza deben ser cometidos a un juicio político.