La Defensoría del Pueblo exhortó al Congreso a reevaluar su decisión de eximirse de presentar la declaración jurada de intereses por considerar que se aparta de los estándares internacionales recomendados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y los objetivos de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.
A través de un comunicado, señalaron que la Declaración Jurada de Intereses es una herramienta de transparencia, cuya finalidad es identificar y prevenir posibles escenarios de conflicto de intereses o incompatibilidades al momento de la toma de decisiones. Esta herramienta contiene información sobre los vínculos familiares, políticos, económicos, comerciales, profesionales e institucionales de los funcionarios con capacidad de decisión, y manejo de bienes y recursos públicos.
Para la Defensoría del Pueblo, la actual plataforma que aloja dicha información, permite que la ciudadanía, así como todas las entidades públicas accedan a la misma, haciendo posible la identificación y prevención de situaciones de conflictos de interés en los tres poderes del Estado, así como en los tres niveles de gobierno, incluyéndose además a los organismos constitucionalmente autónomos.
Por ello, señalaron que llama la atención que el Congreso, que es miembro titular de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, haya aprobado una modificación a su Reglamento para que sea su Consejo Directivo el que disponga del cumplimiento de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses.
La resolución en cuestión establece, además, que dicha obligación se rige de forma exclusiva por la norma aprobada, sin reparar que existe un marco legal general, como es el dispuestoen el Decreto de Urgencia N° 020-2019, que responde al Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.
