Órgano constitucional presentará un informe con argumentos "que favorezcan la protección de los derechos ciudadanos". También plantearán una iniciativa legislativa.
Frente a las demandas de inconstitucionalidad presentadas por un grupo de congresistas y el Poder Ejecutivo contra la ley que regula el gasto de publicidad del Estado Peruano, aprobada por insistencia por el Congreso de la República, la Defensoría del Pueblo informó que participará en este proceso presentando un informe con argumentos que favorezcan la protección de los derechos ciudadanos.
Asimismo, presentarán una iniciativa legislativa a efectos de instituir una regulación en materia de publicidad estatal, que garantice la transparencia y eficiencia en el gasto, asegure que la contratación responda a criterios objetivos y que se cumpla con el mandato constitucional relativo al deber de colaboración de los medios de comunicación con la sociedad.
El 15 de mayo pasado, durante su presentación ante la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, señaló que tanto la iniciativa en debate como la actual normativa sobre publicidad estatal no satisfacen el derecho de la población a estar informados ni el adecuado uso de los recursos públicos.
Refiriéndose al proyecto, el Defensor del Pueblo recordó que en las zonas rurales solo el 15,6% de la población usa internet y menos del 2% accede desde su hogar. En ese sentido, señaló que si en la zona rural es donde se encuentra la mayor población en situación de extrema pobreza, es claro que no se cumplirá el objetivo de la comunicación.
Respecto a la vigente ley de publicidad estatal (N° 28874), que data de agosto del 2006, el Defensor del Pueblo manifestó que es injustificable que no se haya aprobado su reglamento en los 12 años transcurridos desde su emisión, lo cual imposibilita la necesaria claridad en los criterios de contratación de la pauta oficial.
"No debe caerse en el falso dilema entre prohibir la contratación de medios privados y permitir que esta se siga llevando a cabo con una regulación deficiente", manifestó en aquella oportunidad.
Defensoría pide fortalecer la regulación vigente
El informe de la Defensoría del Pueblo concluyó que "la información es un bien público" y sostiene que el debate debe centrarse en fortalecer la regulación vigente, precisando los criterios de selección, promoviendo la transparencia y optimizando los sistemas de control.
Además, recomiendan que en tanto no se dé una nueva norma, el Poder Ejecutivo debe implementar un portal web que contenga la información general y detallada del gasto estatal en publicidad, permitiendo a la ciudadanía realizar la fiscalización del mismo.
Finalmente, recuerdan que es un deber de los medios de comunicación colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural. Asimismo, agregan que esta obligación debe extenderse a la difusión de información relevante en contexto de emergencia, como un desastre natural.
"Los medios de comunicación de radio y televisión tienen un compromiso mayor en la medida que para el desarrollo de sus actividades emplean el espectro radioeléctrico que es un bien de dominio público. La prensa no puede eludir su función social y debe reportar a la ciudadanía los asuntos de relevancia pública".
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