El fujimorista David Jiménez es investigado por el presunto delito de peculado tras conocerse que, presuntamente, una trabajadora de su despacho, Ángela Noblejas, laboraba en su horario regular de trabajo en el negocio privado del parlamentario.
El Poder Judicial evaluará el jueves 27 de junio el pedido de la Fiscalía para que autorice el levantamiento del secreto de las comunicaciones del legislador de Fuerza Popular, David Jiménez, en la investigación preliminar que se le inició tras conocerse que una trabajadora de su despacho congresal laboraba en su horario regular de trabajo en la empresa privada del parlamentario.
El pedido fue hecho el último 22 de marzo por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación que tiene a su cargo esta investigación preliminar seguida al legislador por el presunto delito de peculado en agravio del Estado.
Dicha instancia fiscal también demandó al Poder Judicial que autorice levantar el secreto de las comunicaciones de Ángela Noblejas, trabajadora del despacho del referido parlamentario implicada en este caso.
La Fiscalía de la Nación requiere el levantamiento del secreto de las comunicaciones de estas dos personas, en tiempo histórico, por parte de las empresas de telefonía de nuestro país respecto al periodo comprendido entre el 5 y 7 de septiembre 2023.
Este requerimiento fiscal fue presentado ante el despacho del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien programó para el jueves 27 de junio a las 2:30 p. m. una audiencia de carácter “privada” para evaluarlo con la participación de las partes involucradas a fin de emitir una decisión al respecto.
EL CASO
Según el programa Contracorriente de Willax TV, Angela Noblejas, quien fue contratada en el Congreso con un sueldo mensual de 6 000 soles, en lugar de acudir a laborar al Palacio Legislativo, asistía al Instituto Privado Franklin Rossevelt en Lima, de propiedad del congresista David Jiménez.
En abril último, la Comisión de Ética Parlamentaria aprobó un informe en el que se recomienda imponer una sanción de amonestación y multa a dicho legislador por este caso.
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