José Miguel Castro: "No he recibido un sol de Barata y nunca le he pedido nada"

José Miguel Castro, gerente de la Municipalidad de Lima durante la gestión de Susana Villarán, declara este lunes ante la Comisión Lava Jato del Congreso, a raíz de los presuntos aportes de las empresas Odebrecht y OAS.

El exgerente debe responder por la primera adenda firmada en el contrato del Proyecto Línea Amarrilla, la firma del contrato de concesión de Proyecto Vías Nuevas de Lima y su participación en la campaña por el No a la revocatoria de Villarán en el 2013.

Durante su intervención en la sesión del grupo parlamentario, Castro afirmó lo siguiente: "yo no he recibido un sol del señor (Jorge) Barata y nunca le he pedido nada”. Además, calificó al exrepresentante de la constructora brasileña en el Perú como un "mentiroso contumaz".

“Estas cosas hay que tomarlas de quien viene. Hace dos años, en esta misma sala, Barata vino a la comisión (dirigida por el congresista Juan) Pari y dijo que Odebrecht no tenía políticas de pagar coimas. El señor Barata (…)  mintió de una manera absolutamente descarada. Un año después, cambió su versión”, dijo el exfuncionario.

Tanto Jorge Barata como Vladimir Garreta, dueño de consultora brasileña FX Comunicaciones, en calidad de colaboradores eficaces, han señalado a Castro como el intermediario del presunto aporte de 3 millones de dólares de la firma brasileña para la campaña en contra de la revocatoria.

Indagación a Villarán

Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht en el Perú, declaró ante fiscales peruanos que fue convocado por José Miguel Castro a la Municipalidad de Lima, donde le pidió financiar la campaña contra la revocatoria de Susana Villarán.

José Miguel Castro señaló que las declaraciones de Barata eran “falsas”, que ni él ni la exalcaldesa recibieron dinero de Odebrecht y descartó cualquier irregularidad en la gestión edil de la que formó parte.

Villarán es investigada por el presunto financiamiento de 3 millones de dólares por parte de Odebrecht y OAS para la campaña por el No a la revocatoria que enfrentó la alcaldesa en 2013. De acuerdo a la tesis fiscal, dichas empresas tenían intereses en la Municipalidad en la concesión de Rutas de Lima y la ejecución de Vías Nuevas de Lima, respectivamente.