Congresista Juan Burgos pide revisar proyecto de ley para que el presidente sea acusado por más delitos

El parlamentario Juan Burgos exhortó a la Comisión de Constitución, presidida por el legislador Hernando Guerra García (Fuerza Popular), a revisar su proyecto de reforma constitucional del artículo 117 para que el presidente de la República pueda ser acusado por distintos delitos durante su gobierno.

Según el artículo 117 de la Constitución, el presidente de turno solo puede ser acusado por cuatro causales: traición a la patria, impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, así como por la disolución arbitraria del Congreso y por irrumpir en el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y otros organismos del sistema electoral.

Sin embargo, la iniciativa de Burgos propone que el jefe de Estado también pueda ser investigado, y no solo acusado, por delitos como terrorismo, violación de la libertad sexual, feminicidio, organización criminal, cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio, cohecho activo específico, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias o enriquecimiento ilícito.

“Señores de la Comisión de Constitución, pongan en agenda esta importante reforma constitucional”, escribió el legislador en su cuenta de Twitter.

Fiscal de la Nación presentó denuncia constitucional contra Pedro Castillo 

El pedido del congresista Juan Burgos se produce en el marco de la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en contra del presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión.

La denuncia constitucional, que ahora está en manos del Congreso, también alcanza a Juan Silva Villegas, durante su gestión en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Geiner Alvarado López, cuando se desempeñó como titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Ambos son sindicados por el Ministerio Público como presuntos integrantes de una organización criminal que habría actuado en agravio del Estado, la cual estaría encabezada por el propio mandatario.

El último viernes 14 de octubre, la denuncia constitucional fue recibida por los 16 miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, quienes tendrán diez días hábiles para elaborar un informe que establecerá si es procedente o improcedente.

"Es un proceso que va a tomar un promedio, no creo que menos de tres meses. Claro, obviamente por todos los procedimientos que hay que atender, por todos los plazos que hay que cumplir, en este caso, por todos los testigos que hay que escuchar", explicó la titular de la SAC, Lady Camones, en RPP Noticias.