El Congreso llegó a 9 legisladores acusados de recortar sueldos a sus trabajadores: ¿en qué situación está cada uno?

Si hace poco más de un mes informábamos que el Congreso se superó a sí mismo al tener 5 congresistas acusados de recortar sueldos a sus trabajadores —cifra que ya superaba con creces a los Parlamentos anteriores— esta semana se alcanzó un récord histórico: ya son 9 parlamentarios acusados (y varios con procesos) de ser, como popularmente se menciona, 'mocha sueldos'. 

¿Qué lleva a un congresista a 'cobrar cupos' a sus trabajadores, por el motivo que sea? "Tenemos políticos que, en su mayoría, no se ponen en los zapatos ni de sus colaboradores más cercanos", sostiene Alonso Villarán, especialista en ética y gestión pública. Para el analista político Fernando Vivas, por otro lado, esta es una práctica de larga data. "Ha existido desde hace mucho tiempo, pedirle a los trabajadores que pongo en el Congreso que me den parte de su sueldo. No hay diezmo que darle al congresista, ni que centralice ni que se quede con esto. Pero es una manera [ilícita] de rentabilizar la inversión en tu candidatura para un periodo de tiempo que no sabes cuánto va a durar. Es factor se ha acrecentado".

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Un centenar de congresistas han sido investigados por Fiscalía en los últimos 12 años

¿Quiénes son y cómo están?

La historia de recorte de sueldos en este Congreso comenzó con la revelación de hasta cinco congresistas cuyos trabajadores denunciaron cobros irregulares durante esta gestión: Katy Ugarte (no agrupada), Rosío Torres y Magaly Ruiz (Alianza Para el Progreso), Heydi Juárez (Podemos Perú) y María Cordero Jon Tay (Fuerza Popular).

En las últimas semanas se han sumado María Acuña (Alianza Para el Progreso), José Arriola y Marleny Portero (Acción Popular) y Edgar Tello (Bancada Magisterial).

Katy Ugarte (No Agrupada)

La congresista no agrupada, ex miembro de la bancada de Perú Libre y renunciante a la Bancada Magisterial, tiene un expediente en la Comisión de Ética Parlamentaria. Además, Fiscalía abrió una investigación preliminar en su contra por presuntamente realizar cobros irregulares a sus trabajadores para levantar su imagen en la región Cusco.

El dominical Cuarto Poder mostró chats de trabajadores en los que se revelan presuntas entregas de 300 y 400 soles, dinero destinado supuestamente a mejorar la imagen de la legisladora en la región que representa. Ante esto, la Procuraduría también presentó una denuncia en su contra. Asimismo, al igual que otras de sus colegas, tienen un informe de calificación admitido a trámite en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Rosío Torres (Alianza Para el Progreso)

De acuerdo con el dominical Punto Final, la congresista, con ayuda de su sobrino, obligaba a sus empleados a entregar un tercio de su sueldo como "colaboración". Esto le ha valido un expediente abierto en la Comisión de Ética Parlamentaria; una denuncia de parte de la Procuraduría y también forma parte de la admisión a trámite el informe de calificación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento.

Magaly Ruiz (Alianza Para el Progreso)

Esta congresista, quien era incluso integrante de la Comisión de Ética Parlamentaria (de la cual fue retirada por su partido) fue acusada de contratar como personal de confianza a Camila Mantilla Heredia, quien sería la pareja de su hijo, entre febrero de 2022 y enero de 2023, de acuerdo al dominical Punto Final.

Fiscalía abrió investigación preliminar en su contra y en la de su asesor principal, Johnny Romero Nima, por presunto delito contra la administración pública en la modalidad de concusión. Fue Carlos Marina Puscán, extrabajador parlamentario, quien denunció que le habían cobrado 1.500 soles mensuales por trabajar en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección de la Infancia, liderada precisamente por Magaly Ruiz.

La congresista también está incluida en el informe de calificación admitido a trámite en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y una de sus extrabajadoras ha denunciado actos de intimidación en su contra por revelar recortes de sueldos.

Heidy Juárez (Podemos Perú)

Otra congresista investigada por Fiscalía, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y por la Comisión de Ética Parlamentaria. Juárez ha sido denunciada por el ciudadano José Alvarado Rojas, quien la acusa de recortar el sueldo de cuatro trabajadores de su despacho. La investigación preliminar de Fiscalía también incluye a Miguel Ángel Chafloque, asesor principal de la parlamentaria. La representante de Piura ha dicho que hay "una persecución" en su contra y negado los hechos. Lo cierto es que el tema llegó hasta la Comisión Permanente.

María Cordero Jon Tay (Fuerza Popular)

"Vamos al cajero", se escucha decir a la congresista a uno de sus trabajadores en un audio emitido por el dominical "Punto Final". La parlamentaria, actualmente expulsada de la bancada de Fuerza Popular, fue denunciada ante la Comisión de Ética por presuntamente haber realizado cobros irregulares a un trabajador de su despacho en 2022, también de acuerdo con el dominical "Panorama". Los dominicales revelaron que la legisladora solicitaba a sus trabajadores cubrir todos los gastos de la parlamentaria durante su semana de representación.

"Habíamos acordado que cada vez que el Congreso me deposite a mi cuenta del banco, yo debería tomar un screenshot al depósito del BCP y enviárselo a su WhatsApp para que él pueda realizar la operación de sacarle el 50 % y ese mismo día hacerle la entrega, bien en efectivo o a una cuenta que él me dio", aseguró el testigo a los programas dominicales sobre el caso de Cordero Jon Tay.

María Acuña (Alianza Para el Progreso)

También incluida en la carpeta admitida en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, María Grimaneza Acuña Peralta, congresista hermana de César Acuña, es investigada preliminarmente por la Fiscalía por el presunto delito de concusión.

El trabajador afectado denunció que solo recibía mil soles al mes por el cargo de coordinador de la Oficina Descentralizada en Lambayeque. El salario, sin embargo, es de 4 mil soles mensuales, de acuerdo al caso revelado por Willax TV. Ahí se mostró que María Acuña es captada negociando con el trabajador para evitar ser denunciada.

José Arriola y Marleny Portero (Acción Popular)

La Comisión de Ética aprobó abrir investigación preliminar contra ambos parlamentarios acciopopulistas por presunto recorte de sueldos a sus trabajadores. 

José Arriola habría hecho que sus trabajadores firmen consentimientos para "donar" una parte de sus salarios para realizar labores sociales, de acuerdo al programa "Cuarto Poder".

Marleny Portero, por su parte, habría donado sillas de rueda presuntamente adquiridas por su equipo de trabajo en el Congreso, esto según al testimonio de uno de ellos.

Contra Arriola la Procuraduría ya realizó una denuncia por la presunta comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo impropio y, en paralelo, concusión.