Comisión de Ética aprobó abrir investigación preliminar a José Arriola y Marleny Portero por presunto recorte de sueldo a sus trabajadores

La Comisión de Ética del Congreso aprobó denunciar de oficio a los legisladores José Arriola y Marleny Portero, por presuntamente haber recortado los sueldos de trabajadores de sus despachos. El grupo de trabajo sometió a votación ambos pedidos, los cuales se aprobaron por unanimidad, con 13 votos a favor cada uno.

Arriola habría hecho que sus trabajadores “donen” parte de sus salarios para realizar labores sociales, ello de acuerdo con unos consentimientos firmados por ellos mismos, los cuales fueron hallados durante el allanamiento a su domicilio efectuado en marzo último por el caso “Los Niños”. Esto fue revelado por el programa Cuarto Poder.

La Procuraduría General del Estado presentó el pasado 2 de mayo una denuncia contra José Arriola por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo impropio y, alternativamente, por el delito contra la administración pública en la modalidad de concusión.

Por su parte, Marleny Portero es investigada ya que habría donado sillas de ruedas como parte de su labor social, pero estas presuntamente fueron adquiridas por personal que laboraba para ella en el Congreso, de acuerdo con el testimonio que dio una extrabajadora en otro reportaje periodístico. 

Los legisladores se suman a la lista de congresistas que se encuentran implicados en casos de recortes de sueldo como Magaly Ruiz y Heidy Juárez, quienes son investigados tanto en el Parlamento como en la Fiscalía. 

Pide acusación constitucional

Por otro lado, la congresista Patricia Juárez consideró que amerita una acusación constitucional contra los legisladores que exigieron el reembolso del pago de gasolina por actividades ajenas a sus funciones parlamentarias.

Según un reportaje del dominical Punto final, los legisladores Raúl Doroteo (Acción Popular), Javier Padilla (Renovación Popular) y Silvana Robles (Perú Libre) solicitaron al Congreso el reembolso de lo que gastaron para movilizarse en fechas festivas o de celebración familiar. Esto motivó a Juárez considerar mayores sanciones para ellos.

"Si se comprobara que mientras los congresistas estaban en Lima, en algún pleno, o estaban en la ciudad mientras sus vehículos eran llenados de gasolina en otro lugar. Eso sería materia de una denuncia ante Ética e inclusive de una acusación constitucional porque no se trata de los montos sino de la conducta del parlamentario", expresó Patricia Juárez en declaraciones a la prensa.

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