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La investigación abarca tanto a la congresista Magaly Ruíz como al fiscal Richard Rojas Gómez, quien veía el caso contra la parlamentaria acusada de cobrar sueldos de sus trabajadores.
El Ministerio Público, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito, presentó este viernes una denuncia constitucional contra la congresista Magaly Ruiz por ser presunta autora de tráfico de influencias agravado y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
La Fiscalía precisó en un comunicado que los hechos están referidos a la presunta instigación al fiscal provincial Richard Rojas para que interceda ante el personal fiscal del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales.
Dicha área estaba a cargo de la investigación a Magaly Ruiz por el presunto recorte de sueldos al personal de su despacho congresal, caso conocido como ‘mochasueldos’.
Según el Ministerio Público, se sindica al fiscal provincial Richard Rojas por haberse interesado indebidamente en la contratación de su hermano, el comunicador Álex Rojas, en el despacho de la legisladora de Alianza Para el Progreso.
También se informó que se ha autorizado la formalización de la investigación preparatoria contra el propio fiscal Rojas por los delitos de tráfico de influencias agravado, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y patrocinio ilegal.
Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó denuncia constitucional contra congresista Magaly Ruiz R. presunta autora de tráfico de influencias agravado y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. pic.twitter.com/k0cqW7BseI
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 19, 2024
Investigaciones en su contra
Esta es la segunda denuncia constitucional contra la parlamentaria. El pasado 24 de abril, la Fiscalía presentó este recurso por la presunta comisión de los delitos de concusión y colusión agravada.
A través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, precisó que en cuanto al delito de concusión los hechos están relacionados a la contratación de Carlos Augusto Marina Puscán y María Greta Deza Batallano en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia.
Como se recuerda, este extrabajador del Congreso denunció que le pedían un aporte mensual voluntario de 1 500 soles por laborar en dicha comisión liderada por la parlamentaria.
En marzo del año pasado, un reportaje del programa dominical Punto Final reveló que -de acuerdo con el testimonio del denunciante- Johnny Romero Nima, asesor principal del despacho de la parlamentaria, era el encargado del cobro de cupos, “un día o dos días después” de que el Legislativo le abonaba su remuneración.
La candidatura de Alberto Fujimori, la constitución y la democracia
Desde el punto de vista jurídico el anuncio de Keiko Fujimori carece de fundamento. Si se trata de una maniobra política, debería ser corregida por abogados que como Luis Galarreta y Miguel Torres, juegan un rol eminente en la jerarquía de Fuerza Popular.
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Pedro Luis Ramos Martinez Periodista
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