Martha Moyano también plantea que María Cordero Jon Tay sea inhabilitada de la función pública por un plazo de diez años.
La primera vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano (Fuerza Popular), presentó una denuncia constitucional contra su colega de la bancada fujimorista, María Cordero Jon Tay, acusada de recortar el sueldo de su extrabajador.
La legisladora fujimorista atribuyó el presunto delito de concusión y la infracción de los artículos 1,2 inciso 15, 22, 23, 38 y 45 de la Constitución, además de infringir el artículo 382 del Código Penal.
En la denuncia constitucional, Moyano planteó que Cordero Jon Tay, quien también afronta un proceso de expulsión de la bancada y del partido, sea alejada permanentemente de la función pública, a través de la inhabilitación permanente.
Sin embargo, precisó que la Carta Magna establece como máxima sanción del juicio político el plazo de diez años de inhabilitación.
“Por todo lo expuesto, de conformidad con el artículo 100 de la Constitución, corresponde que se imponga a la denunciada, por la vía del señalado juicio político, la sanción máxima que el ordenamiento permite para la infracción constitucional, consistente en la destitución del cargo de congresista y la inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años”, se lee.
En la previa, la integrante de la Mesa Directiva dijo sentir vergüenza que María Cordero forme parte del partido y la bancada de Fuerza Popular. “Pido disculpas por eso”, expresó.
La presentación del recurso se suma a la denuncia que presentó la vocera de la bancada de Fuerza Popular, Patricia Juárez, en contra de su colega ante la Comisión de Ética Parlamentaria.
El caso
En un reportaje periodístico, difundido por Punto Final, un extrabajador del despacho de la parlamentaria María Cordero Jon Tay reveló que tenía un acuerdo para entregar la mitad de sus ingresos durante seis meses, luego de lo cual ya no se aplicaría el recorte.
Sin embargo, culminado el plazo, le exigieron que entregue el 75 % de su salario mensual.
Además, contó que, durante la semana de representación, los trabajadores cubrían los gastos de hospedaje y alimentación de la parlamentaria.
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