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Por tal motivo, Nancy Tolentino, titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, defendió ante la Comisión de la Mujer y Familia del Legislativo la implementación de Oficiales para la Igualdad en las entidades públicas.
La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino, se presentó este viernes ante la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República donde dio cuenta sobre el decreto supremo 013-2023-MIMP que dispone la implementación de Oficiales para la Igualdad en las entidades públicas.
La integrante del Gabinete Ministerial remarcó que la designación de dicho cargo garantizará que se cumpla la Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres dada por el Parlamento en el 2007.
"En ese año, el parlamento aprobó, después de un amplio debate, la Ley 28983 y me toca a mí como ministra y al ministerio hacer cumplir la norma. Es por eso por lo que implementamos la figura del Oficial para la Igualdad, que recabará información sobre los avances en la ley para que luego el sector dé cuenta al Legislativo cada año", señaló Tolentino ante la mencionada comisión.
Asimismo, enfatizó que la designación de esta figura no ocasionará ningún tipo de gasto adicional al Estado debido a que el rol recaerá en un funcionario de alto nivel de cada una de las entidades, por lo que será financiado con cargo al presupuesto institucional.
Asimismo, manifestó que no tendrá una acción fiscalizadora ni sancionadora.
“Este oficial será importante para motivar a sus instituciones a que se cumplan con el mandato de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. No realiza ningún análisis jurídico ni interpretación. Cada institución se encargará de nombrar a la persona”, detalló.
Cuestionan medida
La congresista de Renovación Popular y presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, Milagros Jáuregui, una vez culminada la exposición de la ministra, manifestó su preocupación "por la creación de un fiscalizador del pensamiento propio" que trata "de imponer temas ideológicos en todas las entidades del Estado".
Dijo, además, que la disposición resulta ilegal e inconstitucional por no contar con sustento normativo para su desarrollo.
“No existe justificación alguna que sustente la implementación de estos Oficiales de Igualdad, ni desde el punto de vista constitucional ni legal”, manifestó.
Su colega de bancada, Alejandro Muñante, sostuvo que a través de esta norma las empresas van a poder incorporar políticas ideológicas con el beneplácito del Estado.
Indicó que si no se elimina el decreto supremo que incorpora al Oficial de la Igualdad, procederá “con la interpelación y la posible censura de la ministra”.
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Jorge Luis Pinedo Barrera Redactor
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