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La expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez pretendía afrontar en libertad el proceso penal que se le sigue por su presunta participación en el fallido golpe de estado que protagonizó el exmandatario Pedro Castillo, el 7 de diciembre del 2022.
El Poder Judicial declaró infundado la solicitud de cese de prisión preventiva que presentó la defensa legal de la extitular del Consejo de Ministros, Betssy Chávez.
Con este recurso, la también exministra de Cultura pretendía afrontar en libertad el proceso penal que se le sigue por su presunta participación en el fallido golpe de estado que protagonizó el exmandatario Pedro Castillo, el 7 de diciembre del 2022.
Chávez Chino es investigada por la supuesta comisión de los delitos de rebelión y conspiración en agravio del Estado peruano.
El pasado 5 de marzo, el abogado de la exjefa del Gabinete Ministerial presentó durante una audiencia nuevos elementos de convicción que -según argumentó- desvirtúan los motivos que justificaron que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ordenará, el 20 de junio del 2023, prisión preventiva por 18 meses contra su defendida.
Mientras que Betssy Chávez, quien se encuentra recluida en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, argumentó haber desarrollado una serie de enfermedades que provocaron que pierda alrededor de 12 kilos, por lo que solicitó se tome en cuenta su condición de salud.
La resolución
Finalmente, Juan Carlos Checkley, magistrado del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, tras evaluar dicha solicitud estableció, mediante una resolución suscrita el 8 de marzo y a la que tuvo acceso RPP, que no existen nuevos elementos que permitan variar la medida impuesta.
Respecto a las dolencias de la expresidenta del Consejo de Ministros afirmó que no justifica el cese de la prisión preventiva y exhortó a las autoridades del INPE a adoptar las acciones necesarias para salvaguardar la salud de la procesada.
Por otro lado, el magistrado precisó que el proceso penal seguido a Betssy Chavez se encuentra en la etapa intermedia en la que la Fiscalía Suprema asignada al caso solicito 25 años de prisión en su contra al acusarla por el presunto delito de rebelión y conspiración.
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Resulta difícil creer que la por entonces flamante primera ministra no estuviera informada y no haya colaborado con la opción golpista escogida por Pedro Castillo.
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