El organismo consideró que la decisión del Congreso de aprobar el retiro de aportes para los afiliados de la Oficina de Normalización Previsional representa una amenaza al equilibrio financiero e "inexorablemente será declarada inconstitucional".
La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre la aprobación del pleno del Congreso de la República del proyecto de ley que propone el retiro de los aportes realizados al Sistema Nacional de Pensiones (ONP). A través de un pronunciamiento, indicó que, si bien este proyecto persigue resolver, a corto plazo, esta situación, "es evidente que los efectos serán contraproducentes para millones de peruanos y peruanas".
Según recordó, actualmente existe "un serio problema" con el gran número de personas que, a pesar de haber contribuido durante varios años al Sistema Nacional de Pensiones, no puede acceder a una pensión de jubilación al alcanzar los 65 años por no haber cumplido el requisito de los 20 años de aportes, "situación que es claramente injusta" y que se agrava por los efectos que la pandemia causa en la población.
Asimismo, advirtió que los aportes de los trabajadores no son suficientes para financiar el pago mensual de los pensionistas. En ese sentido, indicó que la ONP "opera con un déficit financiero que requiere transferencias anuales del Estado", como los más de S/.1,800 millones anuales que se han canalizado en los últimos 5 años para cumplir con el pago.
Luego de señalar que esta situación refleja que el sistema, tal como está diseñado, "resulta inviable", la Defensoría del Pueblo consideró que "resulta vital" no poner en riesgo el trabajo de varios actores políticos para emprender una Reforma Integral del Sistema Previsional Peruano con normas "que harían más complicado hallar una solución".
"Para la Defensoría del Pueblo es indispensable someter a un amplio y participativo debate el rediseño del sistema actual para garantizar que más personas cuenten con pensiones durante su vejez. Por ello, considera que no debe aprobarse una propuesta que desnaturaliza la seguridad social en perjuicio de los y las pensionistas", señaló.
En otro momento del pronunciamiento, la institución consideró que el proyecto aprobado "resulta abiertamente inconstitucional", porque vulnera el deber del Estado de garantizar el acceso de toda persona al derecho fundamental a una pensión, previsto en varios artículos de la Constitución. Advirtió, además, que desconoce el concepto de pensión contributiva "que deriva de un fondo común, solidario y colectivo".
"La intangibilidad de los fondos y las reservas de la seguridad social constituyen una garantía institucional para proteger este derecho y permitir que las personas adultas mayores cuenten con una fuente de ingresos segura durante la vejez", remarcó.
En otro de sus argumentos, manifestó que el retiro masivo de estos fondos es, además, "una amenaza" al principio constitucional de equilibrio financiero y podría comprometer las medidas destinadas a proteger los derechos de la población. Del mismo modo, refirió que la norma desconoce que los congresistas no tienen iniciativa de gasto
"La Defensoría del Pueblo considera que, en periodos de crisis como el actual, muchas personas requieren del apoyo excepcional del Estado para subsistir o evitar caer en la pobreza. Sin embargo, las medidas que se adopten para garantizarlo deben respetar el marco constitucional. La norma aprobada inevitablemente afectará a aquellos a quienes busca proteger e inexorablemente será declarada inconstitucional", sentenció.
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