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Pleno del Congreso aprueba crédito suplementario para el Ejecutivo por más de S/8 mil millones

José Luna Gálvez es presidente de la Comisión de Presupuesto del Parlamento
José Luna Gálvez es presidente de la Comisión de Presupuesto del Parlamento | Fuente: CONGRESO DE LA REPUBLICA | Fotógrafo: Victor Vasquez

Con 68 votos a favor, trece en contra y veintiún abstenciones, el Parlamento aprobó la partida suplementaria tras una reunión entre los voceros de los grupos parlamentarios y el titular del Ministerio de Economía y Finanzas

Luego del cuarto intermedio solicitado por el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luna Gálvez, el Congreso aprobó, con 68 votos a favor, trece en contra y veintiún abstenciones, el texto sustitutorio del dictamen del proyecto de ley 4482, que propone aprobar créditos suplementarios para el Ejecutivo.

Dicha partida es por un total de S/8 200 millones destinados al financiamiento de mayores gastos en el marco de la reactivación económica, a favor de diversos pliegos de los gobiernos nacional, regional y local.

Previo consenso

El congresista de Podemos, Luna Gálvez, resaltó que luego de la reunión con los voceros de los grupos parlamentarios y el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, se logró consensuar la incorporación de seis artículos, una disposición complementaria final, dos disposiciones complementarias modificatorias y los anexos 11 y 12, además de entregar un nuevo anexo 13 al proyecto.

Asimismo, se facultó al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a realizar la evaluación, calificación, formulación de actas y emisión de resoluciones de reconocimiento a quienes participaron de los conflictos armados contra el Ecuador, para que sean beneficiarios de la bonificación correspondiente según la ley, brindando para ello un plazo hasta el 31 de julio del 2023.

Además, se autorizó de manera excepcional realizar una modificación presupuestaria por 17 millones de soles al Ministerio de Educación, con el objetivo de financiar la implementación de los pagos que deben realizarse por las negociaciones colectivas llevadas a cabo con los sindicatos del sector.

También se dispuso, de manera excepcional, que en caso un proyecto de inversión cuente con la declaración de viabilidad o ejecución y posteriormente a ello se determine que su financiamiento es con recursos provenientes de una operación de endeudamiento externo, la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) estará autorizada para emitir opinión favorable para su viabilidad.

Polémica previa

El último martes, vía redes sociales, se suscitó una polémica entre el presidente de la Comisión de Presupuesto del Parlamento, José Luna, y el ministro de Economía, Álex Contreras, a raíz del dictamen de crédito suplementario de S/8 200 millones en el marco de la reactivación económica.

Al respecto, un tuit del Ministerio de Economía (MEF) indicaba el pedido del titular del sector para que dicha comisión del Congreso apruebe el referido proyecto de ley, a lo que el congresista de Podemos respondió que en el dictamen del Ejecutivo se incluyó "la entrega de S/ 123 millones para el cuidado de los tubos de propiedad de Odebrecht, pese a las graves denuncias de corrupción".

"Además, introdujo un artículo para que el Congreso autorice la entrega de subsidios a Petroperú y Repsol sin fiscalización legislativa, a través del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles Derivados de Petróleo (FEPC), iniciativa poco transparente. El Perú, desde el 2014, ya pagó más de 12 mil millones a dichas empresas", señalaba también José Luna.

Ante esta situación, el congresista de APP, Eduardo Salhuana, también integrante de la Comisión de Presupuesto, en diálogo con RPP Noticias, indicó ayer que el Estado asumió la obligación del mantenimiento de las tuberías del Gasoducto Sur Peruano, consorcio integrado por Odebrecht.

"El tema de los S/123 millones para la custodia de los tubos del Gasoducto Sur es una obligación que el Perú asumió el 2017. a través de un decreto supremo", explicó.

"El Perú tiene la custodia no de casualidad, sino porque el Gobierno peruano de ese entonces se comprometió a ello", agregó.

En ese sentido, el parlamentario señaló que el Perú ya tiene dos demandas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y que sería perjudicial para el país no asumir la obligación contraída.


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