El asesor jurídico de IPYS reveló que en los últimos años se han visto unas 73 iniciativas legislativas en el Congreso que afectan la libertad de expresión.
Roberto Pereira, asesor jurídico del IPYS, cuestionó que en la bancada de Perú Libre hay poca tolerancia a la crítica y advirtió que con los dos proyectos de ley presentados para coaccionar a periodistas piensan en criminalizar la labor de la prensa.
"Me parece que hay una intolerancia con respecto a la crítica. Es una actitud escencial a su concepción de política que es incompatible con la democracia y la libertad de expresión. Permanentemente se está buscando criminalizar, incrementar penas, incorporar nuevos supuestos innecesarios confusos para aprovechar de esa ambigüedad y presionar la sanción a los periodistas", indicó en el programa "Las Cosas Como Son" de RPP.
Por otro lado, Roberto Pereira reveló que en los últimos años se han visto unas 73 iniciativas legislativas en el Congreso que afectan la libertad de expresión.
"Todos los partidos políticos, uno más que el otro, han presentado proyectos de ley, desde el 2015 hasta el 2021, unas 73 iniciativas legislativas destinadas a restringir e impactar negativamente en la libertad de expresión. En el caso de Perú Libre obedece a un ideario que tienen plasmado por escrito que creen en algo distinto a la libertad de expresión, que consiste en que los periodistas y los medios solo deben opinar aquellos que ellos creen en lo que es lo correcto", expresó el especialista.
Pereira recordó el caso de César Acuña y su demanda contra el periodista Christopher Acosta por publicar un libro sobre su vida. En ese sentido, lamentó el accionar del líder de APP y aseveró que pese a que el excandidato presidencial retiró su denuncia igual el daño ya estaba hecho.
Sobre el proyecto para obligar a los medios difundir los logros del gobierno sostuvo que es inaceptable y solo pasa en Cuba o durante la gestión de Rafael Correa en Ecuador.
Perú Libre presentó dos proyectos contra el periodismo
El parlamentario de Perú Libre, Segundo Montalvo, presentó dos proyectos de ley referidos al trabajo de medios de comunicación.
El primero establece la obligación a medios públicos y privados de difundir, durante 20 minutos al año, los logros de gestión del gobierno central, gobiernos regionales y municipales. El segundo trata de la penalización con cuatro años de cárcel para aquellos ciudadanos que sean denunciados por difamación.
La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) calificó el proyecto de ley como desmedido, inhibitorio y contrario a la libertad de expresión, porque lo que se pretende es justamente convertir en cárcel efectiva lo que podría resultar una sentencia por el tema de difamación.
Según explicó la presidenta de la ANP, en los últimos 5 años, se registraron más de 150 denuncias arbitrarias por difamación contra periodistas en todo el territorio nacional.
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