Semana de definiciones, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

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Los acontecimientos de los últimos días han puesto en evidencia la precariedad de nuestro equilibrio político y el poco caso que algunos dirigentes parecen prestar a la pandemia y sus consecuencias. Detrás del funcionamiento aparentemente normal de las instituciones germinaban pasiones y temores que han desembocado en una crisis política innecesaria e irresponsable. Pocas horas después de la difusión de audios que nadie sabe quién grabó, el Congreso preparaba una moción de vacancia presidencial que podría llevarnos a ser el único país del mundo que destituye a su presidente en las peores condiciones sanitarias y económicas de su historia. Si en los audios hay materia delictiva, lo legal y razonable es abrir una investigación fiscal y someter al presidente al peso de la ley cuando haya terminado su mandato, el próximo 28 de julio. ¿Qué necesidad había de recurrir una vez más a la discutible figura de “incapacidad moral permanente”? El gobierno ha contestado presentando una demanda competencial y una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional. Pero entretanto, hemos sabido que el presidente del Congreso y el vocero de la bancada de Acción Popular buscaron establecer contacto con jefes militares, que habrían quedados involucrados en los designios de la vacancia. Esa iniciativa es tanto más grave que en caso de concretarse, Manuel Merino se convertiría en presidente de la República. Y el vocero, Otto Guibovich, ha sido comandante general del Ejército. Las gestiones con jefes militares en actividad han motivado un rechazo tan amplia que algunos congresistas han preferido revocar su respaldo a la vacancia. El comportamiento de líderes y de instituciones nos permite formarnos una visión más clara de las convicciones democráticas de algunos y del oportunismo de otros.

Desdichadamente en el Perú las decisiones políticas se toman a veces para frustrar la lucha contra la corrupción y favorecer intereses particulares. No nos olvidemos que los audios fueron recibidos y revelados sin peritaje por Edgar Alarcón, elegido bajo patrocinio de Antauro Humala, quien no oculta sus intenciones de convertir nuestro país en un vasto paredón de fusilamientos. Esperemos que el fin de semana haya aportado serenidad y madurez a los responsables políticos, tanto los que se han expresado como los que han guardado silencio. En espera de que se resuelva el tema mayor de la vacancia, hoy veremos cómo votan unos y otros la moción de censura contra la ministra de Economía y Finanzas María Antonieta Alva. Es indudable que nuestra situación económica es muy mala y que caben muchos reproches a las medidas que han debido ejecutarse en la urgencia. Pero, ¿quién podría creer que cambiar a la responsable de la política económica contribuiría a aliviar las consecuencias que están padeciendo los más vulnerables?

Más allá de los detalles de la actual crisis política, su origen radica en la falta de comunicación entre los poderes del Estado. El presidente Vizcarra cometió el error de no presentar candidatos a las elecciones congresales, cediendo el terreno a sus detractores de siempre, a sus nuevos adversarios y a los que vieron la oportunidad de obtener algún provecho (acaso judicial) de su vacancia. En el Perú es más fácil destituir al presidente que a un alcalde o a un gobernador regional. Y ciertamente más fácil que a un congresista. Más grave aún es la falta de solidez de los partidos políticos, que con frecuencia se deciden en función de intereses de circunstancia. Así lo dice al Comercio Steven Levitsky, politólogo de la Universidad de Harvard: “Crear esta crisis política en medio de la peor crisis de salud pública en el mundo con miles de peruanos muriendo y con elecciones en siete meses, es un acto de irresponsabilidad que me ha sorprendido mucho”.

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