Subcomisión de Acusaciones Constitucionales investiga denuncia contra Gálvez.
Subcomisión de Acusaciones Constitucionales investiga denuncia contra Gálvez. | Fuente: Foto: Congreso

La Comisión Permanente otorgó 15 días hábiles de plazo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para investigar y presentar su informe final respecto a la denuncia constitucional 364 contra el suspendido fiscal supremo Tomás Gálvez, así como las denuncias constitucionales contra el excongresista Héctor Becerril por la presunta comisión de los delitos de organización criminal.

Durante la sesión de esta mañana la Comisión Permanente también acordó otorgar un plazo de 15 días a la Subcomisión para investigar y presentar su informe final de las denuncias constitucionales presentadas contra los excongresistas Roberto Vieira y Jorge Castro, este último por la presunta comisión de los delitos de concusión.

A finales de junio, Carolina Lizárraga, congresista de la bancada del Partido Morado, presentó una denuncia constitucional contra el suspendido fiscal supremo Tomás Gálvez por una supuesta interferencia en las investigaciones que realiza el equipo especial Lava Jato.

En los fundamentos de hecho, la parlamentaria se refiere a la investigación preliminar que Tomás Gálvez dispuso contra el fiscal José Domingo Pérez el 2 de diciembre del año 2019 por la presunta comisión de delito contra la administración pública.

Sobre Gálvez pesa una suspensión por seis meses emitida por la Junta Nacional de Justicia por pertenecer presuntamente a la red de Los Cuellos Blancos del Puerto. El magistrado es investigado por el caso de la presunta organización integrada por fiscales, jueces y abogados que habrían beneficiado a sus conocidos con fallos o puestos en cargos públicos a cambio de favores o altas cifras de dinero.

Por su parte, el excongresista Héctor Becerril tiene una denuncia en su contra presentada el pasado 10 de julio por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien le atribuye una presunta vinculación con la organización criminal denominada 'Los temerarios del crimen', liderada por el exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel. La Fiscalía considera que habría gestionado la asignación presupuestal, captada por la referida organización, a cambio de beneficios como la compra de porcelanato para su vivienda.

 

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