Subcomisión del Congreso admite denuncia constitucional contra Manuel Merino por represión en marchas

Con 10 votos a favor, 4 en contra y una abstención, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedente la denuncia de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra Manuel Merino por las represiones policiales durante su breve mandato en noviembre de 2020.

La denuncia de la magistrada alcanza además al ex premier Ántero Flores Aráoz y al ex ministro del Interior, Gastón Rodríguez. Ellos son acusados por los delitos de omisión impropia, homicidio y lesiones leves y graves.

Como se recuerda, durante las marchas en contra del mandato de Manuel Merino, los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado murieron a causa de la fuerte represión policial. 

Ahora corresponde a que este grupo de trabajo designe a un congresista para que lidere las investigaciones y se determinen responsabilidades. 

Otras investigaciones 

Un año después del breve paso por Palacio de Gobierno de Manuel Merino, el presidente de la República, Pedro Castillo, y la primera ministra, Mirtha Vásquez, firmaron una resolución suprema que crea una comisión multisectorial que atenderá a los deudos y víctimas de las marchas de noviembre y diciembre del 2020.

Las movilizaciones ocurrieron entre el 10 y 14 de noviembre y entre el 1 y 3 de diciembre del 2020. 

En las marchas de noviembre del 2020, murieron los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado, por lo cual la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió una indagación preliminar contra el exmandatario Manuel Merino de Lama, el ex jefe del gabinete Ántero Flores-Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez.

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, dijo en Twitter que "hechos como los del #14N no deben volver a repetirse" y por eso con la medida anunciada por la PCM, el Estado se hace responsables de las víctimas y familiares "que fueron afectados cuando ejercian su derecho a la protesta.

Los familiares de los dos jóvenes fallecidos reclaman un antejuicio político (la retirada de su inmunidad legal). Ellos urgieron a las autoridades a avanzar con el antejuicio político, un proceso por el cual el Congreso debe aprobar la retirada de la inmunidad de Merino.

Además, señalaron que se debe cumplir con la obligación de "investigar, juzgar y sancionar tanto en el ámbito penal como administrativo y disciplinario" a los responsables de la muerte de estos jóvenes.

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