Tía María en el Congreso [COLUMNA]

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La suspensión de la licencia del proyecto Tía María es una mala noticia para el Perú, cuyas consecuencias sociales y políticas son por ahora impredecibles. Las consecuencias económicas ya las conocemos: caída de la inversión privada, menor creación de empleo, reducción de ingresos al Estado, falta de recursos para mejorar los servicios públicos. Somos el segundo exportador mundial de cobre y en algún momento se pensó que podríamos acortar la ventaja que nos lleva Chile, donde el costo de producción es más elevado.

En Chile, los dirigentes responsables, de izquierda, de derecha o de centro, han afirmado claramente el papel esencial de la minería y han diseñado un esquema productico que incluye una empresa pública que explota y exporta cobre a los principales mercados internacionales: CODELCO es la más importante empresa cuprífera del mundo y tiene reservas probadas que garantizan su actividad durante los próximos 65 años. Nadie puede negar de buena fe que la industria minera se ha adaptado, a veces a trompicones, a las exigencias ambientales, que cada vez más responden a estándares internacionales.

Creer lo contrario es desconocer o renegar del avance de la tecnología. Si somos capaces de enviar cohetes a marte, trasplantar hígados y procesar millones de datos por segundo en nuestras computadoras, ¿por qué no seríamos capaces de extraer cobre sin dañar la calidad del agua o la pureza del aire? Lo que hace falta es una voluntad política clara y una capacidad de contrarrestar prejuicios que corresponden al miedo a la modernidad. La minería no solo es compatible con la agricultura en el valle del río Tambo, sino que puede y debe contribuir a mejorar su productividad  y la calidad de vida de los agricultores.

Naturalmente, para eso se necesita un Estado presente, capaz de garantizar servicios y poner a la disposición de los ciudadanos informaciones precisas, fruto de estudios rigurosos e independientes. Pero, ¿cómo se explica que la Dirección General de Mintería concediera la licencia de construcción el 8 de julio, la misma que fue suspenderla pocas semanas después por el Consejo de Minería? La responsabilidad no solo incumbe al Estado, también a los partidos políticos que han guardado silencio, en espera de que el Ejecutivo cometiera un error y que la situación se vuelva inmanejable. Todos perdemos si aborta Tía María, que pasaría a ser un caso más en la larga lista de oportunidades desaprovechadas.

Peor aún, Tía María parece estar alentando protestas y bloqueos de carreteras destinados a perturbar el sitio minero de Quellaveco, que hasta ahora se citaba como un ejemplo de empresa, Anglo American, respetuosa del medio ambiente y capaz de obtener respaldo social. Un comunicado que habla en nombre del “pueblo de Moquegua” llama a la paralización inmediata de todas las actividades mineras en Quellaveco.

Esperemos que las explicaciones que los ministros ofrezcan hoy al Congreso sirvan para forjar consensos y reforzar la común opción por el desarrollo, y no para mantener la hostilidad entre el Ejecutivo y el Legislativo. Desde ya, se han oído voces que especulan sobre la eventualidad de una vacancia presidencial. Sabemos demasiado bien adónde nos ha llevado en el pasado la incapacidad de mantener el equilibrio entre las instituciones: al autoritarismo y la arbitrariedad.

No hay tiempo que perder para dar una respuesta creíble a la propuesta formulada el 28 de julio por el presidente Vizcarra. Las comisiones recompuestas y sus nuevos presidentes tienen tareas urgentes. Lo que está en juego no es solo el crecimiento económico y la seguridad jurídica. También lo está la lucha contra la corrupción que atraviesa uno de sus momentos más críticos. Y por encima de todo, la capacidad de reformar nuestras instituciones para entrar con convicciones morales al bicentenario de vida peruana independiente.

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