La exministra de Salud Pilar Mazzetti ejerció su derecho a la defensa por el 'Vacunagate', caso por el que se ha pedido su inhabilitación política por ocho años.
La exministra de Salud Pilar Mazzetti ejerció su derecho a la defensa ante la Comisión Permanente del Congreso por el caso 'Vacunagate', por el que se ha pedido su inhabilitación política por ocho años.
En su alocución, la exfuncionaria dijo que cometió “un error de criterio, un error político”, en referencia a su inmunización secreta contra la COVID-19 con dosis experimentales de la vacuna del laboratorio Sinopharm. Sin embargo, consideró que la inoculación fue “válida”.
“Ciertamente, ahora puede ser cuestionado, incluso éticamente, pero era válido en su momento, en una circunstancia abrumadora, de alto riesgo para todos, frente a una enorme incertidumbre, incertidumbre constante, y en un momento en el que la referida vacuna ya había sido aprobada en su país de origen”, comentó.
“He reconocido y pagado el precio político, he pedido disculpas, pero de ahí a decir que no se ha protegido los intereses nacionales y no se ha trabajado al servicio de la Nación, hace ver que no se ha evaluado en forma integral la situación y, sobre todo, la magnitud de los esfuerzos realizados, y se ha pasado por encima los resultados obtenidos”, añadió.
Sobre pedido de inhabilitación
En ese sentido, Pilar Mazzetti calificó como desproporcionado el pedido de ocho años de inhabilitación política en su contra. Además, acusó que en el pedido de sanción “no se ha tipificado con exactitud las infracciones constitucionales supuestamente cometidas y el daño supuestamente ocasionado a la población”.
“Se incluye en el informe notas periodísticas que, con el debido respeto, presentan aspectos parciales distorsionados de la realidad que, de ninguna manera, pueden ser calificados por un juez. A lo más, son indicios que deben ser corroborados”, manifestó.
“La magnitud del trabajo realizado desde el año pasado no se condice con la propuesta de sanción. No se advierte siquiera sentido de proporcionalidad y refleja, en realidad, un fenómeno de arrastre en un contexto político enrarecido, donde parece primar el interés por aplicar sanciones a otros involucrados”, sentenció.
Este jueves la Comisión Permanente analiza el informe final sobre las denucias constitucionales 423 y 427 contra el expresidente Martín Vizcarra y las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete por la presunta infracción a la Constitución Política del Perú.
Días atrás, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó por mayoría el informe del caso 'Vacunagate' en el que se recomienda inhabilitar políticamente por 10 años al expresidente Martín Vizcarra, por ocho años a la exministra de Salud Pilar Mazzetti y por un año a la excanciller Elizabeth Astete.
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