Walter Ayala: Si los congresistas eligen a los magistrados del TC, cometerían delito de desacato

El abogado Walter Ayala, quien interpuso una acción de amparo y una medida cautelar para detener la elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC), advirtió este miércoles que si el Congreso de la República hace caso omiso al fallo del Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima estaría cometiendo el delito de desacato.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, el también expresidente de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL), indicó que el Congreso de la República "no puede desconocer un fallo judicial" y debe respetar la autonomía y funciones de los otros poderes del Estado.

"Ahí hay un fallo judicial, si los congresistas llevan en adelante la elección (de magistrados del TC) cuando el juez está diciendo que no, entonces estarían  cometiendo delito de desacato y en flagrancia. Cuando hay flagrancia un congresista puede ser detenido y no solo eso, puede ser hasta condenado. Estos señores se están ganando un problema por desconocimiento jurídico", dijo.

Vulneración en el proceso de selección

En ese escenario, Walter Ayala, aclaró que el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional sería nula y sin efectos jurídicos.

Walter Ayala argumentó que la comisión parlamentaria, encargada de la selección de candidatos a integrar el Tribunal Constitucional, vulneró su propio reglamento en el proceso al no publicar las razones de la calificación de los postulantes y por eso la calificó de "irregular".

"El reglamento para selección de magistrados del TC indica claramente en su artículo 35 de que en las entrevistas cuando se le pone una nota tiene que motivar la razón, fundamentar por qué está poniendo esa nota. Debe indicar a qué funciones llega para poner esa nota y tiene que publicarse también. Sin embargo, no lo han hecho. Simplemente pusieron la nota de la entrevista pero sin decir a base de qué", explicó.

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"Entrevistas ADN": El contralor general, Nelson Shack, lamentó que el Gobierno haya observado proyecto que restituye su capacidad de sanción. advirtió que la corrupción e impunidad aumentan en el sector corrupción y que no es posible combatirlos sin capacidad de sanción. Agregó que, desde el 2018, la Contraloría detectó las irregularidades en la emisión de licencias de conducir en el Gobierno Regional de Junín, controlado por Perú Libre, pero no puede aplicar sanciones.

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