Seis candidatos presidenciales participaron de la primera fecha del debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Conoce en esta notas sus principales planteamientos en materia de lucha contra la corrupción.
Seis candidatos presidenciales participaron durante la primera fecha del debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), previo a las elecciones generales del 11 de abril.
César Acuña, de Alianza para el Progreso; Marco Arana, del Frente Amplio; Alberto Beingolea, del Partido Popular Cristiano; George Forsyth, de Victoria Nacional; Keiko Fujimori, de Fuerza Popular y Verónika Mendoza, de Juntos por el Perú dieron a conocer sus principales planteamientos en materia de integridad pública y lucha contra la corrupción.
CAREO ENTRE KEIKO FUJIMORI Y MARCO ARANA
La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, prometió fortalecer la Contraloría General de la República, otorgándole un mayor presupuesto para luchar eficazmente contra la corrupción en el país.
La también excandidata sostuvo que, si es elegida presidenta de la República, implementará el Programa Transparencia 100%, el cual permitirá que los ciudadanos y los medios de comunicación participen en las contrataciones del Estado.
Su competidor Marco Arana consideró sumamente importante modificar la Ley de Contrataciones del Estado para hacerla más transparente. Además, ofreció impulsar la movilización ciudadana anticorrupción para evitar arreglos y tratos encubiertos en el Poder Judicial y la Fiscalía.
El candidato del Frente Amplio sostuvo que la Contraloría necesita capacidad para sancionar irregularidades en el sector público. "El fujimorismo en el Congreso quiso eximir al Congreso de la función fiscalizadora de la Contraloría. El Perú entero sabe y debe elegir bien: fujimorismo abrió las puertas del infierno de la corrupción, el Frente Amplio las va a cerrar con ellos adentro", dijo.
CAREO ENTRE GEORGE FORSYTH Y CÉSAR ACUÑA
George Forsyth ofreció promoverá la implementación de una Constitución Anticorrupción para que este flagelo no prescriban en el país. "Queremos una Constitución Anticorrupción que nos blinde del verdadero problema del Perú en 200 años, porque [la corrupción] es el cáncer del Perú", remarcó.
El exalcalde de La Victoria aseguró que fortalecerá a la Contraloría General de la República, con el presupuesto necesario, para evitar que las acciones de corrupción perjudiquen las obras públicas.
César Acuña, de Alianza para el Progreso, propuso otorgar a la Contraloría una autonomía total a fin de que sea una institución más eficaz. "Nunca más los órganos de control interno deben estar en los gobiernos locales o regionales. Para ello debemos darle los recursos para que hagan un control concurrente y tengan un órgano de control en cada distrito del Perú", subrayó.
El exgobernador de La Libertad refirió que, si es elegido presidente de la República, no permitirá la aplicación de adendas y pagos adicionales en los contratos que se firman en los gobiernos locales y regionales, ya que, a su juicio, "los mayores actos de corrupción" se registran en estas entidades.
CAREO ENTRE VERÓNIKA MENDOZA Y ALBERTO BEINGOLEA
Verónika Mendoza expuso que para prevenir actos de corrupción, como en las obras de infraestructura, es preciso "devolverle al Estado la capacidad planificadora y garantizar un gobierno abierto y transparente, así como capacitar a los ciudadanos para que puedan fiscalizar a los funcionarios".
Además de plantear la necesidad de fortalecer la capacidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la izquierdista prometió implementar los mecanismos para denunciar en el anonimato y proteger a los denunciantes que ayuden a que se conozca a las personas que cometen actos de corrupción.
Finalmente, Alberto Beingolea propuso una iniciativa para devolverle la capacidad sancionadora a la Contraloría General de la República como medida para luchar contra la corrupción. "Como sabemos la lucha anticorrupción es penal y los juicios demoran mucho, pero una sanción administrativa llega rápida", manifestó.
El candidato del PPC propuso también la inhabilitación perpetua contra aquellos funcionarios que cometen delitos en la administración pública.
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