El partido presidido por Alberto Beingolea se encuentra inscrito para las Elecciones Parlamentarias del 2020. La fecha programada para estos comicios es el 26 de enero. | Fuente: Andina

De los 140 candidatos al Congreso por el Partido Popular Cristiano (PPC), once han declarado sentencias judiciales ante el Jurado Nacional de Elecciones. Los tipos penales más comunes en este grupo están relacionados con la omisión de la asistencia familiar. 

RPP Noticias revisó la información pública del órgano electoral para conocer qué aspirantes al nuevo Parlamento han tenido procesos concluidos o demandas en contra. En esta entrega, nos centramos en el mencionado partido político. 

-Hasta siete deudores de alimentos-

De acuerdo con las fichas publicadas por el JNE, los candidatos por Áncash, Juan Cuéllar Broncano y Édgar Moreno Álvarez acumulan hasta cinco demandas por alimentos. En el caso de Moreno, también se especifican dos sentencias por difamación (una dictada el 2014 y otra, el 2017). 

Américo Zegarra Acuña (Lima), Teódulo Quispe Huertas (Pasco) y Francisco Pardo Núñez (Piura) son otros tres postulantes que tienen más de una demanda por omisión de asistencia familiar. Por su parte, Luis Antonio Castillo Collantes -candidato por San Martín- tiene una, mientras que el candidato de Ucayali, Johnny Izquierdo Zevallos, declaró que la demanda en su contra por deuda alimentaria fue fundada y luego archivada. 

-Un candidato fuera para el JEE-

El postulante de Ayacucho, Jony Quispe Poma, también por el PPC, fue sentenciado por el delito de usurpación agravada el pasado agosto de 2018. La pena dictada entonces por el Segundo Juzgado Penal Liquidador de Huamanga fue de dos años de pena suspendida, la cual sigue en vigencia.  Quispe también tuvo una demanda por violencia familiar, pero, según declaró, el Segundo Juzgado de Familia de Huamanga resolvió dictar su improcedencia. 

El pasado domingo, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Huamanga ratificó declarar improcedente la inscripción de Quispe porque el candidato no cumplió con presentar información sobre sus ingresos de bienes y rentas en su hoja de vida. 

-Procesos contractuales o laborales-

Teresa Salazar Allain, quien postula por Lima, declaró en su hoja de vida tener una sentencia “en contra” en materia contractual. Según señaló, este proceso fue resuelto en la Corte Suprema, pero no dio mayores detalles sobre el fallo. 

La candidata de Piura, Amelia Ugarte Quiroz de Sotomayor, tampoco fue muy específica sobre el fallo en materia laboral que le habría sido “desfavorable”. Solo indicó que el órgano judicial encargado fue el Primer Juzgado Laboral en su región. Por último, el postulante Carlos Manuel Abanto Salazar, de Cajamarca, declaró haber sido procesado por una demanda laboral. Sin embargo, no detalló qué órgano judicial resolvió la causa y, sobre los alcances del fallo, indicó que el caso fue archivado “previa anulación de los antecedentes”.

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