Elecciones 2020: Perú Libre presentó a 15 candidatos con demandas y sentencias judiciales declaradas

De ellos, cuatro ya no continúan en carrera por inscripción improcedente o exclusión. La agrupación fundada por el ex gobernador de Junín, Vladimir Cerrón, tiene 103 postulantes habilitados para la contienda electoral.

Perú Libre
El partido planteó en su momento la inscripción de 137 candidatos. De este total, 25 inscripciones quedaron excluidas y otras ocho, declaradas improcedentes. Además, un aspirante renunció. | Fuente: Web de Perú Libre

El partido Perú Libre, que compite entre las 21 agrupaciones políticas para las Elecciones Congresales Extraordinarias del 26 de enero, presentó para esta contienda hasta a 15 candidatos con sentencias o procesos judiciales declarados. 

Entre los cargos que estos postulantes transparentaron para su inscripción, están el de omisión de prestación de alimentos, violencia familiar, violación sexual de menor de edad, violencia y resistencia a la autoridad, y peculado.

-Violencia familiar y deuda alimentaria-

El candidato por Amazonas, Segundo Montalvo Cubas, declaró una sentencia por el delito de ejercicio arbitrario del derecho por propia mano. Este ilícito que se sanciona solo con servicio comunitario es previsto por el artículo 417 del Código Penal y -como lo indica su nombre- consiste en tomar justicia sobre una situación sin recurrir a las autoridades correspondientes. Montalvo también admitió una demanda en su contra por violencia familiar. 

Claudia Cobeñas Oviedo, quien postula por la región Piura, admitió tener una demanda por omisión de prestación de alimentos, aunque no especificó otros datos sobre el proceso. Flavio Cruz Mamani, candidato por Puno, también informó sobre un proceso por deuda alimentaria, que fue resuelto por conciliación. 

-Otros delitos-

Zoila Coronado Cruzálegui, de la región Amazonas, declaró en su hoja de vida tener una sentencia cumplida por el delito de violación sexual de menor. Según especificó, este fallo fue emitido el 2010 por la Sala Penal Liquidadora de Bagua, que le impuso prisión suspendida por un año. Su inscripción fue declarada improcedente por su jurado electoral especial, por lo que Coronado ya no está en carrera para los comicios.

Rogelio Apaza Vargas, aspirante por Cusco, indicó haber tenido una sentencia en 2010 por el delito de violencia y resistencia a la autoridad, mientras que Virgilio Huerta Jara, de Áncash, declaró haber tenido una sentencia a un año de pena privativa por el delito de peculado.

Otro candidato presentado con delito cometido en función pública es Eliezer Vértiz Urbina, cuya inscripción fue declarada improcedente. De acuerdo con su hoja de vida, Vértiz fue condenado en 2012 por complicidad en el delito de concusión.

 

Por su parte, Balvino Zevallos Escobar, de Huancavelica, declaró una sentencia en su contra por el delito de falsedad genérica, dictada el 2005. El postulante Antonio Sánchez Ochoa, de Lima, indicó que un caso en su contra por delito de falsa declaración fue archivado el 2019 y que, anteriormente, el 2008, se le archivó otro proceso por el ilícito de difamación.

El postulante de Lima Provincias, Víctor Vilca Uribe, declaró dos procesos por calumnia. Como consecuencia de estos, se le impusieron uno y dos años de pena suspendida, respectivamente. Ambos fallos fueron dictados en 1995 y 2001. César Tacuri Huiza, candidato por Lima, no especificó el delito por el que se le impuso sentencia firme en 1986. 

-Laboral y contractual-

Otros cuatro candidatos fueron presentados con sentencias o procesos declarados en materia laboral o contractual. Carlos Muñoz Portugal, que salió de la contienda por renuncia luego de presentarse por la región Arequipa, había admitido una demanda fundada en su contra por un caso laboral.

 

Y la candidata excluida, Yanina Poveda Mercedes, quien estuvo en la lista por Cajamarca, había declarado una orden de embargo que se le impuso tras un proceso por demanda contractual.

Los aún en carrera Carlos Shiraishi Orna, de Piura, y José Siapo Núñez, de Lima, señalaron que se les ordenó entregar suma de dinero por procesos laboral y contractual, respectivamente.