Cuatro de ellos ya no continúan en carrera. Los cargos declarados por los propios postulantes van desde la deuda alimentaria hasta la estafa.
Perú Patria Segura es uno de los 21 partidos habilitados para el proceso electoral de este 26 de enero, en el que la ciudadanía votará para la conformación de un nuevo Congreso por el periodo excepcional de 2020-2021.
De sus 134 postulantes (inscritos y excluidos), 13 declararon procesos o sentencias judiciales en distintas materias.
-Deudores alimentarios-
Es el caso de José Luis Rojas Cifuentes, quien postula por Arequipa y que el 2019 fue sentenciado por omisión de prestación de alimentos. Grover López Torres, candidato por Pasco, declaró dos demandas que fueron fundadas en su contra.
-Violencia familiar-
Uriel Carrión Herrera, postulante excluido que representaba a la región Apurímac, había declarado una sentencia en su contra por violencia familiar de tipo psicológica.
-Procesados por delitos diversos-
El candidato por Ica Francisco Massa Pardo, declaró dos sentencias judiciales. Una corresponde al delito de defraudación tributaria y la otra, al de estafa genérica. Estas fueron dictadas en 2008 y 2014, respectivamente. Por el primer fallo, se le impuso una pena suspendida de cuatro años y por el segundo se le ordenó el pago de devolución de dinero.
Por su parte, el postulante Carlos Becerra Sánchez, de La Libertad, declaró una sentencia de 2016 por el delito de difamación, aunque no precisó los alcances de la condena. Carlos Ugaz Montero, quien postula por Lima, declaró una condena de tres años de pena suspendida por el delito de usurpación, mientras que Javier Atkins Lerggios, de Piura, admitió haber cumplido una condena de cuatro años de pena suspendida por el ilícito de negociación incompatible.
-Procesados en materia contractual o laboral-
Elver Palacios Hernández, candidato por Áncash, declaró una demanda fundada en su contra en materia contractual, un cargo por el que también fue demandado el postulante de Lambayeque, Valdemar Romero Chumbe.
Por su lado, Jaime Mujica Calderón, quien fue excluido de la contienda, había declarado siete sentencias en materia laboral dictadas en su contra en la jurisdicción de Arequipa. Por último, la candidata por Lambayeque, Miriam Muro Irigoyen, declaró una sentencia revocada a su favor tras un proceso en materia laboral.
-Otros procesados-
Ya no continúan en carrera, pero también consignaron procesos judiciales en sus hojas de vida. Estos son Julio Chana Alave, quien postulaba por Puno, y Ángel Chunga Villar, que candidateaba por Tumbes.
Chana admitió un proceso por incumplimiento de deberes funcionales del que solo señaló haber apelado y Chunga declaró un proceso por deuda, aunque no especificó el tipo y solo indicó que se le ordenó prisión suspendida.
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