Elecciones 2021: ¿Cómo combatir el acoso político a candidatas en la campaña electoral?

Una campaña electoral puede ser un espacio de debate, pero también puede ser un espacio para el acoso político contra mujeres. Ya en el último proceso de votaciones 12 candidatas denunciaron haber sido víctimas de estos actos de violencia, durante las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, pero hasta el momento no hay una norma que permita una sanción.

Se trata de una cifra que forma parte de un informe del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) donde se señala también que el 52% de las candidatas dijo haber tenido que enfrentar alguna situación de acoso político.

En el informe del JNE también se informa de otras preocupantes cifras: “Por otro lado, 30% de las candidaturas mujeres ha señalado haber tenido que enfrentar agresiones, amenazas, actos de hostigamiento o alguna otra situación violenta”. Y todo esto se manifestó en llamadas y mensajes, violencia psicológica, amenazas, difamación y burlas.

Pero los casos no se terminan de contar allí. La campaña “Somos la mitad, queremos paridad sin acoso” informó que durante el 2020 hubo treinta denuncias por acoso político contra autoridades y aspirantes a cargos públicos, siendo Lima, Cusco y Puno las regiones con más reportes.

¿Qué es el acoso político? Pues reúne actos que limitan la participación política de la mujer y, según señala la comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, Marcela Paliza Olivares, se presentan a través de hechos de violencia física, sexual o psicológica.

“Por ejemplo, propuestas de carácter sexual para acceder a algún partido, presión o amenazas, ataques denigrantes a través de medios de comunicación o redes sociales, y se han visto muy comúnmente que se hacen comentarios ligados a los estereotipos de género. Y, por último, sobre todo se da cuando ya son autoridades y no les dan la palabra para participar en consejos regionales o en instancias gubernamentales”, indicó a RPP Noticias.

Proyectos que duermen

Paliza Olivares precisó que, al no haber una norma que sancione directamente el acoso político, se tiene que recurrir a disposiciones más generales pero que no tratan directamente el problema, como la Ley N°30364 que previene y sanciona la violencia contra las mujeres.

“También se hace uso de otras herramientas disponibles en nuestro marco normativo como el delito de discriminación, difamación o los delitos electorales que se encuentran estipulados en la Ley Orgánica Electoral. Sin embargo, esto no permite comprender en la totalidad el contexto y los efectos del acoso político”, recalcó. Además, hay que recordar que desde el 2013 se vienen presentando proyectos de ley en el Congreso de la República, pero se mantienen en comisión.

Pero no todo es negativo. Cada vez son más instituciones que asumen este problema con ordenanzas, en especial las municipalidades y gobiernos regionales como Puno, San Martín, Junín, Amazonas, Ayacucho e Ica, indica Diana Miloslavich, del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. En Lima, uno de los distritos pioneros es Pueblo Libre.

También recordó que hay proyectos de ley favorables, pero que aún no han sido debatidos. “Esperamos que en el Pleno Temático del 2021 entre este nuevo dictamen de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República y tengamos por fin una legislación que nos pueda servir como un marco normativo y de protección a las candidatas, autoridades, a las mujeres que están en ejercicio de sus derechos políticos”, comentó Milaslovich.

¿Qué dicen los candidatos?

En una campaña electoral es importante el debate. Lamentablemente, como señala la politóloga Paula Távara, los partidos políticos que postulan en la actualidad no abordan este problema en sus planes de gobierno, o no profundizan en él. “Ninguno de los partidos políticos lleva en su plan de gobierno una mención directa al acoso político o a la violencia política hacia las mujeres. Lo más cercano que encontramos son referencias a la eliminación de todo tipo de violencia o discriminación hacia la mujer”, cuestiona.

¿Y por qué esto es importante? Pues, indica Távara, una campaña electoral es un espacio de competencia en el que se puede dar con mayor facilidad las agresiones a mujeres, por su personalidad, estereotipos de género o identidad, “en lugar de centrarse en sus ideas y trayectoria política”.

Al respecto, el Pacto Ético Electoral de este año contempla en el artículo N° 7 el rechazo a todo acto de acoso y violencia política que vulnere el ejercicio de los derechos, “en especial de la participación política de las mujeres”. Son 17 organizaciones políticas las que han firmado este acuerdo.

Las denuncias

La Defensoría del Pueblo ha atendido tres casos de acoso político entre el 2020 y 2021 y, en lo que va de la campaña electoral, ya se atendió un caso. “Este año [la Defensoría del Pueblo] se ha pronunciado en el caso de una candidata trans, defendiendo el derecho que tienen todas las personas, independientemente de su identidad sexual, para participar en política”, indicó Paliza Olivares.

Aún la campaña electoral está en camino. Señala la comisionada de la Defensoría del Pueblo  que “probablemente muchas de las víctimas no se den cuenta que están siendo acosadas políticamente”. Por ello hay una serie de alternativas para denunciar estos actos, como el Centro de Emergencia Mujer, además de la Defensoría del Pueblo y las organizaciones civiles. Incluso, se pueden reportar los casos al mismo Jurado Nacional de Elecciones.