Reformar la Contraloría General de la República es uno de los puntos en común de los candidatos de Perú Libre y Fuerza Popular, pero la falta de confianza —reforzada por pasivos de ambos candidatos de la segunda vuelta— opaca sus propuestas. Especialistas opinan sobre los planteamientos y las mochilas que cargan Pedro Castillo y Keiko Fujimori.
En octubre del 2020, cuando recién comenzaba la campaña electoral de las Elecciones 2021, la encuestadora Ipsos reveló que el 24% de la población encuestada consideró que la corrupción era el principal problema que debía enfrentar el próximo presidente, seguido por el desempleo (20%), la delincuencia (18%) y la salud pública/COVID-19 (11%).
De los candidatos que se presentaron a la presidencia, las opciones de Pedro Castillo y Keiko Fujimori son las que pasaron a la segunda vuelta. Uno de los dos gobernará por los próximos cinco años. Por eso es importante conocer las propuestas de ambos. Existen varias propuestas para combatir la corrupción. Muchas de ellas reflejadas en sus planes de gobierno.
Las propuestas de Pedro Castillo
Uno de los actores más importantes en la lucha contra la corrupción en el Perú es la Contraloría General de la República, uno de los órganos encargados de fiscalizar el uso de los bienes públicos. Y es, además, uno de los puntos centrales en las propuestas de gobierno de Pedro Castillo y Keiko Fujimori.
Perú Libre hace una crítica severa al desempeño de la Contraloría en el documento que presentó como plan de gobierno. Asegura que "ha sido dura con funcionarios públicos, pero blanda con el empresariado privado". Es por ello que propone la creación de una Contraloría especial para el sector privado.
Al respecto, el exprocurador José Ugaz precisa que esta propuesta "carece de total lógica y sentido”. “Las empresas privadas se mueven de acuerdo a sus propios estatutos y, si infringen la ley, están sujetas a las responsabilidades legales que les corresponden”, comentó a RPP Noticias. En este caso, la investigación recaería en el Ministerio Público para una posible persecución penal y su posterior sanción.
“Sería una injerencia que podría tener incluso ribetes de inconstitucionalidad y sin duda alguna puede trabar la velocidad de los negocios y la operacionalidad que se exige para poder realizar negocios eficientes desde el sector privado”, advirtió Ugaz, quien no negó, sin embargo, que sea necesario evaluar el trabajo de la Contraloría General de la República.
En este aspecto —la reforma de la Contraloría— coincide el analista político Luis Nunes, pero propone que el tema debata posterior a las elecciones. “Creo que hace falta una mirada más completa sobre la Contraloría, mejorar sus procesos en el pre, durante y en el post de cada proceso. Una mirada que tal vez la podamos hacer después de estas elecciones porque por ahora hay mucha confrontación”, indicó.
En el ideario de Perú Libre también se plantean otras medidas como la descentralización económica, fiscal y tributaria, la simplificación administrativa, la eliminación de sueldos dorados, entre otras. Pero la tecnología también tiene un espacio. En este caso plantea la publicación de todos los Tratados de Libre Comercio y Contratos Ley en un portal web.
El lado de Fujimori
Fuerza Popular también plantea cambios en la Contraloría General de la República, pero con un enfoque diferente al de Perú Libre. En su plan de gobierno señala que es necesario “restituir el rol sancionador” de dicha institución. Indica que se debe ser implacable para sancionar a los funcionarios públicos.
Pero aquí también hay algunos problemas que advierte José Ugaz, en especial porque se confunden las competencias con la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Sevir). El exprocurador precisó que esta institución tiene capacidad sancionadora y cuenta con un tribunal que se encarga de eso.
“El hecho de que se le haya pretendido reconocer a la Contraloría capacidad sancionadora también ha generado una confusión y un entrampamiento en muchos de los casos respecto a las competencias de Servir y la propia Contraloría. Entonces, creo que tiene sentido que Servir mantenga la capacidad sancionadora con su tribunal y que la Contraloría se dedique a la función de seguimiento”, precisó a este medio.
Por otro lado, el partido de Keiko Fujimori también ha planteado otras modificaciones como la creación de un sistema único de declaraciones juradas de bienes y rentas y de declaraciones juradas, pero centralizadas en la Contraloría General de la República.
Pero Fuerza Popular también apunta a la transparencia y una justicia acorde a las nuevas tecnologías de información. En ese sentido, en su plan de gobierno se propone implementar una plataforma digital de acceso seguro a las partes procesales.
Al respecto, la politóloga Katherine Zegarra indica que transparentar información es importante, pero que la propuesta no es suficiente y debe complementarse. “Existe evidencia de que en general la transparencia tiene que ir, por ejemplo, junto a la publicidad. Es decir, señalar a los ciudadanos a que generen responsabilidad. Y también esta transparencia tiene que ir acompañada con una facilidad de datos, es decir, de utilizar los datos”, comentó.
Falta de confianza política
Si bien es cierto que existen varias propuestas para luchar contra la corrupción de parte de ambos partidos, lo que falta, según los especialistas, es confianza. Tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo no han dado señales de independencia y sus antecedentes complican sus candidaturas.
Cuando Pedro Castillo planteó en el debate de Chota la muerte civil para funcionarios públicos, Keiko Fujimori refutó la propuesta hablando del caso de Vladimir Cerrón, presidente del partido Perú Libre, y condenado por el delito de negociación incompatible en agravio del Estado.
¿Afecta eso la credibilidad de las medidas anticorrupción del candidato presidencial? Para el analista político Luis Nunes el principal problema es creer. “Tal cual las propuestas del candidato Castillo, hay que creerles y esa es la parte difícil. Pero toda medida que tenga que ver con anticorrupción la apoyamos. Se van más de 29 mil millones en corrupción y eso daría para construir postas, colegios, etcétera. Yo apoyo esas medidas, pero hay que creerles primero”, comentó.
Similar situación atraviesa la candidata de Fuerza Popular, quien enfrenta un juicio por presunto lavado de activos junto a otros miembros de su partido. Katherine Zegarra explica que el problema judicial de Keiko Fujimori forma parte de su alto antivoto. “En ese sentido, las veces que ella ha ido a prisión, y el hecho que ahora esté investigada en torno al caso de Odebrecht es negativo para ella, especialmente cuando se refiere a las propuestas que presenta en materia de lucha contra la corrupción”, señaló la politóloga. El equipo especial Lava Jato ha solicitado una condena de 30 años y 10 meses de prisión.
¿Podrán ganarse la confianza del electorado? Aún faltan tres semanas para la segunda vuelta electoral. Por lo pronto, la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) muestra que el 58% de los encuestados considera que el candidato Pedro Castillo podría manejar mejor el problema de la falta de confianza, frente a un 23% que obtiene Keiko Fujimori.
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