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RPP Verifica | Pedro Castillo: "La educación del pueblo peruano tiene que ser un derecho constitucional" [ENGAÑOSO]

El líder de Perú Libre propone una nueva Constitución que establezca la educación como un derecho.
El líder de Perú Libre propone una nueva Constitución que establezca la educación como un derecho. | Fuente: RPP.

El candidato presidencial de Perú Libre asistió al encuentro político en Chota, Cajamarca, en el marco de la segunda vuelta de las Elecciones 2021. Sus declaraciones fueron sometidas al fact checking de RPP Verifica.

El candidato a jefe de Estado Pedro Castillo participó en el primer debate presidencial en la ciudad de Chota, en Cajamarca, y señaló que en un eventual gobierno suyo se declarará en emergencia la educación, y se convocará al magisterio y a las comunidades nativas con el fin de gestar un nuevo Currículo Nacional descentralizado.

El líder de Perú Libre debatió por primera vez con su contendiente, la candidata presidencial Keiko Fujimori, en el marco de la segunda vuelta, y resaltó que para hablar de educación “hay que tener autoridad moral”.

“En nuestro gobierno, un gobierno del pueblo, la educación del pueblo peruano tiene que ser un derecho constitucional. Basta de lucrar con la educación (…) Espero poder recuperar la plata de la gran corrupción de los lingotes de oro para poner internet en todas las instituciones y todo el pueblo peruano”, arguyó el aspirante a mandatario Pedro Castillo. Esta afirmación fue sometida a verificación.

Información por verificar: La educación no es un derecho constitucional

Resultado: ENGAÑOSO

[1] La educación es un derecho humano fundamental reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Así lo estipula la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en 1948 después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, todos los países que forman parte de este sistema, como el Perú, han asumido las obligaciones internacionales que reconocen y garantizan este derecho.

"Todos los derechos civiles, culturales, económicos, sociales y políticos pueden disfrutarse de mejor manera si las personas han recibido una educación mínima. La efectiva implementación del derecho a la educación es por lo tanto un requisito previo para la democratización y para la total participación de todos los ciudadanos en todas las esferas de la vida", indica la ONU.

[2] En el Perú, la Constitución Política de 1993 incluye la educación dentro de los derechos sociales y económicos mas no dentro de los derechos fundamentales. Pero, además, del mismo documento se desprende otro concepto: la educación como un servicio público. Es decir, en nuestro país la educación es un derecho y un servicio. Esta ambigüedad de definiciones ha provocado un serio debate y por ello la declaración del candidato presidencial Pedro Castillo es engañosa.

“La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo”, señala el artículo 13 de la Constitución. El primer enunciado sobre educación en nuestras leyes.

[3] El abogado constitucionalista Franco García explica que si bien la educación tiene dos definiciones en el marco legal peruano, le corresponde al marco normativo del propio sector establecer dichos conceptos.

"El derecho a la educación tiene un caracter binario. No sólo es un derecho fundamental, sino que además es un servicio público garantizado por el Estado, pues es un medio indispensable para la plena realización de otros derechos fundamentales", agrega.

[4] Es importante indicar que, pese a la ambivalencia de la Constitución, el artículo 3 de la Ley General de Educación sí la reconoce textualmente como un derecho fundamental.

“La educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos y la universalización de la Educación Básica. La sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a la educación y el derecho a participar en su desarrollo”, precisa la ley.

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