La exautoridad regional y candidato a la presidencia es acusado de los delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión agravada y colusión simple.
La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios solicitó 24 años de prisión para el exgobernador de Cajamarca, Gregorio Santos, y cinco años de inhabilitación para algún cargo público.
La exautoridad regional es acusado de los delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión agravada y colusión simple.
Organización criminal
La acusación comprende a otras 46 personas entre las cuales se encuentran los principales funcionarios de Proregión (Unidad Ejecutora del Gobierno Regional de Cajamarca) y dos empresarios, para quienes se ha solicitado penas de hasta 20 años.
Según la Fiscalía, dentro del Gobierno Regional de Cajamarca, especialmente dentro de la Unidad Ejecutora Proregión, existió una Organización Criminal, encargada de convocar a empresarios con los que Gregorio Santos tenía acuerdos colusorios para entregarles las licitaciones públicas.
La acusación fiscal señala que Santos habría recibido sobornos por unos S/. 1,237.000 soles y $ 67,804.00 dólares. Estos montos habrían sido entregados por los empresarios Wilson Vallejos Díaz y Luis Pasapera Andrianzen.
Piden decomisar inmuebles
Asimismo, se solicitó el decomiso de bienes muebles e inmuebles de propiedad de Santos que fueron adquiridos con dinero ilícito producto de los sobornos. Se trata de una camioneta valorizada en $ 42,990 dólares, siete terrenos ubicados en la localidad de Chepén que comprenden cientos de hectáreas, un terreno en la localidad de Baños del Inca- Cajamarca, un departamento dúplex y un estacionamiento en la ciudad de Chiclayo valorizado en S/. 225,000 soles.
La Fiscalía presentó contundentes elementos probatorios ante el Poder Judicial, como vouchers de depósitos que acreditan el pago de sobornos en la cuenta del propio Gregorio Santos y de sus parejas (madres de sus hijos), su chofer, su seguridad personal y, otros familiares y personas de su entorno más cercano; así como las comunicaciones telefónicas entre Santos y los empresarios.
La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo del fiscal Walter Delgado Tovar, se encuentra a la espera del inicio del juicio oral.
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