Análisis | ¿Por qué debemos repensar los espacios públicos para detener el acoso sexual?

El último 4 de agosto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dispuso, mediante publicación en el diario El Peruano, que todas las empresas de transporte interprovincial del país coloquen dentro de sus buses un aviso contra el acoso sexual. El formato lleva el eslogan “Frena el acoso sexual” y recuerda a las personas que esta conducta es un delito sancionado con pena privativa de la libertad de 3 a 8 años. Además, va a acompañado de una fotografía que muestra a un hombre dispuesto a tocar del muslo de una pasajera dormida.

Con la medida, la entidad estatal busca animar a la denuncia y alertar sobre la implicancia penal del acoso sexual dentro del país, lo cual incluye a los servicios de transporte. Las preguntas son: ¿Serán efectivos? ¿Qué tan alarmante es la realidad que los amerita? ¿Cómo funcionan las políticas de prevención del acoso en los espacios y servicios públicos?

De acuerdo con cifras publicadas por el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, del Ministerio de la Mujer, los Centros de Emergencia Mujer de Perú atendieron entre enero y junio de 2019 hasta 315 denuncias de acoso sexual en espacios públicos. De este total, 301 casos correspondieron a mujeres acosadas y los otros 14, a hombres.

La clasificación por edades de las víctimas revela que gran parte eran menores de edad: 144  niñas o adolescentes mujeres y 11 menores de sexo masculino. En cuanto a víctimas en edad adulta, 153 eran mujeres y tres, hombres. Un margen invisible y desconocido corresponde a aquellas personas que no denuncian. 

“Entre enero y diciembre de 2018, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha atendido, a través de los Centros de Emergencia Mujer (CEM), 487 casos [de acoso en espacios públicos]. En lo que va de este año, tenemos más de 300 casos. Algunos casos han continuado su ruta sancionatoria, pero lo cierto es que son muy pocos”, precisó para esta nota Ana Victoria Suárez Farfán, directora de Asistencia Técnica y Promoción de Servicios de la Dirección General contra la Violencia de Género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Regulación y respuestas 

El acoso sexual es un acto punible para el Código Penal peruano recién desde el año pasado. Anteriormente, solo se podía sancionar esta conducta sexual impropia contra menores de edad o aquella que ocurra en contexto laboral o educativo. Con la publicación del Decreto Legislativo N° 1410, en septiembre de 2018, la esfera de reconocimiento de esta agresión de índole sexual se amplió a todos los ámbitos.

Por su parte, desde 2015, con la Ley N° 30314, el Estado obligó a los gobiernos regionales, provinciales y locales a emitir ordenanzas para la sanción administrativa (con multas) del acoso sexual en espacios públicos. 

Sin embargo, son poco más de 50 los distritos [de un total de 1,845] que han emitido ordenanzas en esta materia. Así lo indicó la funcionaria del MIMP, Ana Victoria Suárez. “Entre el 2015 y el 2019, se han aprobado 64 ordenanzas a nivel nacional para sancionar administrativamente, de ser el caso, y prevenir el acoso sexual, además de proteger a las víctimas”.

La activista y directora ejecutiva de la organización Paremos el Acoso Callejero, Shéridan Medina Cabrera, explica que el hecho de que la implementación de ordenanzas aún no se complete en el país y que el Estado impulse nuevas políticas preventivas de manera muy pausada o campañas de información poco efectivas dificulta los avances y la medición del acoso. 

En su Reporte de Roles y Violencia de Género de 2016, el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) señala que, en promedio, nueve de cada diez mujeres en Lima Metropolitana experimentan al menos una situación de acoso en el espacio de seis meses. La proporción a nivel nacional es de siete de cada diez. Partiendo de esta información, Medina advierte que las estimaciones solo están referidas al reconocimiento de la situación de acoso y que una medición muy distinta sería la de las denuncias efectivas por estos actos.

“No es que otra parte restante no haya sufrido acoso, sino que puede no haberlo reconocido como tal. En cuanto a las denuncias, no tenemos una cifra respecto de cuántas mujeres o personas en general han denunciado acoso sexual en espacios públicos. Es complicado tener un registro global de denuncias cuando las ordenanzas no se han implementado en todos los gobiernos locales. Además, mucha gente aún desconoce la existencia de estas ordenanzas. Se debe visibilizar que el acoso es sancionable y que existen los mecanismos para denunciarlo”, dijo Medina.

Transporte y experiencias de otros países

Según resultados de la Encuesta Lima Cómo Vamos de 2018 sobre percepción de la calidad de vida en Lima y Callao, de 1.920 personas consultadas, un 29.5% dijeron haber sido acosadas sexualmente en el transporte público o conocer a alguien que lo haya experimentado. Todas ellas eran mujeres. Otro 9.4% de víctimas eran hombres. 

En el Callao, la cifra fue de 25.4% de víctimas mujeres y 10.3% de víctimas hombres. Como conductas de acoso sexual, la encuesta consideró los silbidos, las miradas persistentes e incómodas, los ruidos de besos o los gestos vulgares.

RPP Noticias contactó a Daniela Chacón, exvicealcaldesa y exconcejala de Quito (Ecuador) y a Carolina Huffmann, fundadora de Urbanismo Vivo, organización argentina con base en Buenos Aires, a fin de conocer las acciones que en sus países se han tomado para frenar el acoso sexual en espacios públicos y servicios de transporte. Ambas entrevistadas participaron del IV Foro Internacional de Intervenciones Urbanas, que organizó la asociación Lima Cómo Vamos la pasada semana de agosto en la capital peruana.

En Quito, la ciudad donde trabajó Chacón como autoridad municipal entre el 2014 y el 2017, se contaba que ocho de cada diez mujeres se sentía insegura de transitar calles y utilizar unidades de transporte público. Además, una de cada tres experimentaba una situación de acoso sexual -con tocamiento incluido- en sus trayectos sobre ruedas. En las calles, esta cifra de víctimas era de una de cada cuatro, con lo cual, la mayoría de casos de acoso ocurría en los vehículos públicos. Otra cifra quiteña alarmante por esas fechas era que 67% de las mujeres que reportaban acoso, desistía de tramitar denuncia formal.

Con esta realidad, el Concejo de Quito impulsó acciones de reforma del transporte. La principal decisión fue crear un canal especial de denuncias. “Se implementó un sistema de recepción de denuncias de casos de acoso sexual en el transporte público. Este programa, denominado 'Cuéntame', se implementó en diciembre de 2014. Fueron cabinas físicas instaladas en las principales estaciones de transferencia del sistema de transporte público de Quito; un sistema público municipal, que cubre alrededor del 40% del transporte en la ciudad (el otro 60% está operado por transportistas privados, pero que de alguna manera están articulados a este sistema)”, señala Daniela Chacón. 

Estos espacios -que dejaron de funcionar en 2017 para darle paso a 'Bájale al Acoso', un programa más moderno y digital- tenían personal capacitado por la oficina especializada en igualdad de género y empoderamiento femenino de la Organización de Naciones Unidas (ONU). La exfuncionaria ecuatoriana indica que allí se atendía psicológicamente a las víctimas y también se las asesoraba para continuar -de quererlo- un proceso judicial. 

“En los años en que estuvo vigente el programa, recibimos alrededor de 500 denuncias, de las cuales 32 se fueron a la función judicial y obtuvieron sentencia con casos en los hubo sanción de un mes de prisión, los más leves y hasta ocho años de prisión, los más graves, por ejemplo, cuando estuvieron involucradas menores de edad”, precisa Chacón.

De acuerdo con cifras del Banco de Desarrollo de América Latina, solo en Argentina, un promedio de nueve de cada diez mujeres sufre durante su vida al menos dos situaciones concretas de acoso sexual en el transporte público. En las calles, esta proporción llega a tres de cada diez mujeres que son tocadas con alguna intención sexual. 

La organización Urbanismo Vivo, que fundó Carolina Huffmann en 2012, promueve junto a otras asociaciones de la ciudad de La Plata el proyecto comunitario 'La Ciudad que Resiste' como respuesta a la vulnerabilidad de las mujeres en los espacios y el transporte públicos. “Trabajamos haciendo foco en diferentes proyectos que buscan explorar los feminismos, las mujeres, los géneros y la relación con las ciudades. Todos los proyectos buscan trabajar hacia una percepción sensible y crítica de los espacios que habitamos”, señala la arquitecta argentina. 

Algunos de los programas que Urbanismo Vivo viene impulsando son '¿Qué es para vos una Ciudad Feminista?' (con el que se recolectó más de cien ideas y conceptos que diferentes ciudadanas enviaron a la organización mediante audios de WhatsApp) y las 'Caminatas de Género', donde las participantes recorren diferentes calles para analizar sus diferencias y los conflictos o vulnerabilidades que terminan segregando a las personas. 

“Para detener el acoso sexual es necesario construir una ciudad donde no haya odio, violencia, disparidad, inequidad e inseguridad dirigida a ciertos actores sociales que son particularmente vulnerables en las ciudades, especialmente las mujeres y niñes. El diseño de estos espacios y servicios públicos tienen mucho que ver con detener el acoso”, estima Huffmann. 

La arquitecta señala que los espacios y el transporte pueden replantearse para generar ambientes más justos. “Desde lo general de la forma y planificación urbana, mayor equidad de acceso a la ciudad; del diseño de los espacios, la configuración de diferentes componentes (por ejemplo: diversidad de actividades, iluminación, mobiliario) que pueden hacer de las calles, parques y el transporte público espacios más seguros, más transitados, visibles y activos, tanto desde su seguridad real como desde la 'sensación de seguridad'; y desde las políticas públicas, mejores canales de denuncia, cuidado y protección de las víctimas de violencia, además de campañas visibles de prevención y comunicación”.