Toledo, García y Ollanta no lograron mediar conflictos sociales durante sus gobiernos

Los conflictos sociales en el Perú son mayoritariamente conflictos socioambientales. Esta realidad se hace visible durante el gobierno del expresidente Alan García cuando el número de conflictos socioambientales aumentó de 29 en el año 2007 a 71 en el 2008. Para el año 2009, este tipo de conflictos ya eran 137, casi el doble del año anterior. 

Esto puede explicarse porque esos fueron los años en los que el precio de los minerales aumentó considerablemente y con él la inversión en industrias extractivas, sobre todo la minería. El expresidente García fue siempre enérgico al declarar que atraer este tipo de inversiones era una prioridad para él:

“Para crecer, el Perú necesita ampliar sus mercados. Lograr cada vez mayor inversión: minera, petrolera, gasífera. Por eso los invito a que inviertan en el Perú (…)”, declaraba Alan García, en 2007, entre risas y aplausos, en una visita a la Cámara de Comercio Estadounidense en Washington D.C. Esta declaración recogida en el reciente documental El Choque de dos mundos, sobre el conflicto socioambiental en Bagua que ha marcado el país en el 2009, ilustra el rumbo económico que sigue Perú.

RPPData analizó los informes mensuales sobre conflictividad social publicados por Defensoría del Pueblo y detectó el número y el tipo de conflictos activos por gobierno desde el inicio del monitoreo de dicha institución en abril del 2004.

En esta visualización se confirma que, desde hace seis años, las marchas y protestas son esencialmente por asuntos socioambientales. De los 510 conflictos activos registrados durante el mandato de Alan García, 202 casos era ligados a estos temas. Durante el mandato del presidente aprista, por lo menos 174 peruanos fallecieron durante manifestaciones y otras 2069 resultaron heridas.

Alan García negociaba las condiciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, empresa iniciada por Alejandro Toledo. Las inversiones en las actividades extractivas en el país se realizaron en múltiples ocasiones sin que el Estado y las empresas consulten a las comunidades que vivían en las zonas de extracción. Esto provocó protestas, paros y manifestaciones en todo el territorio.

En 2009 unos 137 conflictos ligados a temas socioambientales fueron registrados por Defensoría: 52 peruanos fallecieron durante estas protestas. 33 de ellos, entre policías y civiles, murieron durante el llamado Baguazo, en el que los pueblos Awajún y Wampis y la Policía nacional se enfrentaron. El origen de la protesta: el decreto legislativo 1090 sobre el régimen de uso y propiedad de las tierras que se firmó sin consultar previamente a los pueblos indígenas.

Este incremento en los conflictos sociales se intensificó durante el gobierno de Ollanta Humala ya que Defensoría registró 549 casos. Estos resultaron en por lo menos 90 fallecidos y 2367 heridos. De estos conflictos, 312 estaban ligados a temas ambientales y por lo menos 170 fueron registrados solo en el año 2012.

“La inversión minera llegó con conflictos y sin conflictos desde el 2003. Durante la gestión de Humala, el Perú recibió más del doble de inversión minera que en la gestión de García, lo que quiere decir que los tiempos y las lógicas de la inversión minera son bastantes más fuertes que estos conflictos que han sucedido en el país y en la planeta. Estamos frente a un fenómeno global”, explica Eduardo Ballón, investigador de DESCO.

En la época de Toledo se registraron más conflictos por asuntos locales

Sin embargo, los primeros reportes de la Defensoría del Pueblo revelan que la gran mayoría de los conflictos sociales activos estaban ligados a asuntos del gobierno local en el 2004. Ese mismo año, el alcalde de Ilave en Puno, Cirilo Robles Callomamani, fue asesinado en la plaza pública.

Durante la época de Alejandro Toledo, por lo menos 155 conflictos fueron registrados entre 2004 y 2005. 83 de ellos ligados a asuntos locales.

“Eran conflictos entre la comunidad y el municipio y a veces contra el alcalde por actos de nepotismo, actos de corrupción, voluntad de ir a la reelección sucesiva”, cuenta Rolando Luque, Jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, antiguamente Adjunto para la Prevención de Conflictos. Hoy estos conflictos también existen y siguen registrados por la institución. A pesar de estos casos hayan disminuido en los últimos años, en octubre del 2016, de los 154 conflictos activos 18 conflictos están relacionados con asuntos locales y 3 con asuntos regionales.

Si bien no existen datos por parte de la Defensoría en los años anteriores al 2004, esto no significa que no hubo conflictos durante la transición democrática ni mucho menos durante el régimen de Alberto Fujimori.

“(Antes del gobierno de transición) los conflictos estaban más contenidos por represión a los dirigentes, desapariciones, asesinatos extrajudiciales, en fin una situación de violación de derechos humanos”, explica María Isabel Rémy, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos.

La necesidad de intermediar entre los diferentes actores

Según el informe Hacía una mejor gestión de los conflictos ambientales en el Perú, publicado por el Consorcio de Investigación Económica y Social en el 2012, la Comisión de la Verdad y Reconciliación es reconocida como una de las primeras grandes iniciativas para la gestión de conflictos durante la transición democrática luego de los años del Conflicto Armado Interno.

Luego se creó la primera unidad de análisis y prevención de conflictos dentro del Ministerio del Interior. Pasaron los años y se siguieron creando oficinas, unidades, en los diferentes sectores del Estado, como en el Ministerio de Energía y Minas o el Ministerio del Ambiente o de Agricultura. En el 2010, se crea la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales en la Presidencia de Consejo de Ministros y en 2012 se convierte en la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad.

Sin embargo, estas unidades siguen siendo insuficientes para poder prevenir, mediar e intervenir durante el conflicto y el diálogo entre los diferentes actores responsables, desde los gobiernos locales y regionales, las empresas, el Estado y los ciudadanos directamente afectados.

“El Estado necesitaría de una autoridad única que subordine, que articule a los distintos sectores. Esa autoridad única debería tener la autoridad y el manejo ligado a ese sistema que debe partir de la prevención y que debe partir de la idea de que los conflictos siempre son multidimensionales para poder operar con claridad. Y debería hacer un énfasis particular en el cumplimiento de los compromisos que adquiere. No comprometer lo que no se puede cumplir y pensar creativamente los mecanismos para agilizar el cumplimiento de esos compromisos que se asumen”, enfatiza Ballón.   

Durante el gobierno de Ollanta Humala por lo menos tres Jefes de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad renunciaron al cargo: Vladimiro Huaroc, Julio Rojas y David Montoya.

Metodología: Para la elaboración de la evolución de los conflictos sociales entre 2004 y 2015 se revisaron los conflictos sociales considerados activos por la Defensoría del Pueblo en esas fechas, una de las categorías que tiene la institución para recoger los casos en el Perú. Se creó un archivo de Excel en el que se contabilizaron todos los conflictos por lo menos una vez activos durante cada año.

Redacción: Audrey Cordova / Análisis de datos: Rocío Romero y Audrey Cordova / Diseño: Ivon Schmitt / Desarrollo: Equipo de desarrollo digital RPP/ Edición: Eugenia Guevara.

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