El Poder Judicial fue declarado en emergencia por 90 días

El Poder Judicial (PJ) fue declarado en emergencia por el plazo de noventa días con el objetivo de adoptar ante la crisis por presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias en el sistema judicial revelados en las últimas semanas. La declaratoria, este miércoles en el diario El Peruano, comprende a los órganos administrativos de la Corte Suprema y del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, los distritos judiciales del país, la Sala Penal Nacional, el Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, y a la Gerencia General del PJ.

“Que, atendiendo a la problemática que se presenta en la realidad judicial peruana, resulta imperativo adoptar medidas urgentes e inmediatas, para restablecer el normal, eficiente, eficaz y transparente desarrollo de las actividades jurisdiccionales”, se explica en la resolución administrativa. Publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, el documento también aprueba “el plan de trabajo presentado por el presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, el mismo que se implementará progresivamente”.

Medida anunciada

La decisión, firmada por el titular de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez, se toma tras el escándalo por la publicación de audios que denuncian presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias entre jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).  La declaratoria es conforme al artículo 82º, numeral 26, del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Según dicha normativa, es atribución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, adoptar las medidas necesarias, para que las dependencias judiciales funcionen con celeridad y eficiencia.

Duberlí Rodríguez anunció el domingo la declaratoria de emergencia. Según dijo al programa Agenda Política, la medida es una decisión administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Ese día, en el dominical Panorama, también indicó que durante el periodo de emergencia podrían solicitar a la Contraloría General de la República acciones de control inmediatas "en aquellas cortes donde haya indicios de cosas irregulares".

El escándalo por los audios

El caso comenzó la semanada pasada cuando IDL-Reporteros y Panorama difundieron audios que revelan supuestos actos de corrupción y presunto tráfico de influencias entre integrantes del CNM –ente encargado de nombras jueces y fiscales en el Perú- y otros funcionarios judiciales. Entre los involucrados están César Hinostroza, juez supremo que presidía la Segunda Sala Transitoria de la Corte Suprema; Walter Ríos, presidente de la Corte Superior del Callao; y los consejeros del CNM Guido Aguila, Iván Noguera y Julio Gutiérrez.

En los días siguientes aparecieron nuevos audios en los que se oyó a Hinostroza hablar de la “señora K” de la “fuerza número uno”, otro en el que se escuchaba al entonces ministro de Justicia Salvador Heresi, y otros en los que se menciona a los congresistas Mauricio Mulder y Héctor Becerril. Como respuesta al escándalo, el Poder Ejecutivo y el Judicial han iniciado procesos de reforma del Sistema de Justicia, mientras que el Congreso verá este viernes la destitución de todos los miembros del CNM, a pedido del presidente Martín Vizcarra.

Además, la Fiscalía ha iniciado investigaciones por estos casos y ha creado un equipo especial para coordinarlas. Walter Ríos renunció a la presidencia de la Corte Superior del Callao este viernes y fue detenido dos días después tras un allanamiento a su casa. Hinostroza fue suspendido de su cargo de juez supremo por el CNM, mientras que los consejeros Aguila y Gutiérrez dimitieron de forma irrevocable a sus puestos y, junto a Noguera, enfrentan investigaciones. Heresi también renunció como ministro de Justicia –posición todavía vacante- y Becerril se enfrenta a una denuncia constitucional.