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Informe de la ONU concluye que Perú restringió indebidamente derechos humanos durante protestas de 2022 y 2023

Las protestas registradas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 dejaron al menos 50 fallecidos, según el informe.
Las protestas registradas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 dejaron al menos 50 fallecidos, según el informe.

El documento elaborado por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU señala que Perú necesita reformas para garantizar los derechos humanos en las movilizaciones, así como permitir un diálogo nacional descentralizado e inclusivo.

Las autoridades peruanas “restringieron indebidamente los derechos de los manifestantes” durante las protestas registradas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, según concluyó un informe publicado este jueves por la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Ante esta conclusión, la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk exhortó a las autoridades peruanas a “emprender reformas significativas” para garantizar el ejercicio de los derechos humanos en el contexto de manifestaciones, lo que incluiría “permitir un diálogo nacional descentralizado e inclusivo”.

De acuerdo con el documento, las protestas iniciadas tras el fracasado intento de autogolpe y la posterior destitución y arresto del expresidente Pedro Castillo, las fuerzas de seguridad hicieron un uso “innecesario y desproporcionado” de la fuerza, incluida de la fuerza letal.

Sobre muertos e investigaciones

Según la oficina de Naciones Unidas, durante las protestas del 7 de diciembre de 2022 al 31 de marzo de 2023 murieron al menos 50 personas y 821 resultaron heridas presuntamente a manos de las fuerzas de seguridad, y se documentó que 208 miembros de esas fuerzas sufrieron heridas.

En cuanto a las investigaciones penales, se detalla 241 procesos a personas que participaron de las manifestaciones y se precisa que al menos 221 fueron archivados por falta de pruebas, incluyendo los de las 192 personas que fueron detenidas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el 21 de enero.

“Los responsables de violaciones de derechos humanos deben rendir cuentas, a través de procedimientos judiciales justos”, declaró Türk al conocerse el informe.

La oficina que dirige recordó que el Gobierno peruano proporcionó apoyo económico a las víctimas y a sus familiares -unas 266 personas hasta la fecha- identificadas con el apoyo de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

La institución recordó que una nueva ola de protestas se produjo en el país entre el 19 y el 31 de julio, y en ella resultaron heridos 64 manifestantes y 12 efectivos policiales.

(Con información de EFE)

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