El especialista en gestión pública Erick Iriarte explicó que el INEI tendría que asumir una responsabilidad por no inscribir los datos previamente.
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) habría incumplido con la Ley de Protección Datos Personales de 2011 al firmar un convenio para entregar la base de datos del Censo Nacional 2017 a empresas privadas. Así lo explicó el especialista en gestión pública Erick Iriarte, quien sostuvo que el INEI tendría una responsabilidad administrativa.
Según comentó en Central de Informaciones de RPP Noticias, esta ley estipula que nadie puede gestionar los datos de una persona sin que esta haya dado una autorización previa. Existen excepciones como el censo; sin embargo, el INEI no inscribió los datos ante la Autoridad de Datos Personales del Ministerio de Justicia.
“El INEI no ha cumplido con la Ley de Protección de Datos Personales, por no inscribir la ley de datos personales ante la autoridad de datos personales no lo ha hecho y no lo hizo hasta el domingo. No han cumplido una ley básica y eso puede ser por negligencia, pueden decir que no conocían la norma, pese a que tiene 6 años o pueden creer que no les afecta, pero esta ley afecta a entidades públicas y privadas”.
Responsabilidad y sanción. Iriarte comentó que cuando se gestó esta ley se establecieron mecanismos para revisar cualquier normativa anterior al año 2011 que estuviera relacionada a datos personales. “La ley del censo se tendría que haber revisado. Creo que la autoridad lo intentó, pero el INEI ha trabajado un convenio con una norma que no está operativa”.
Respecto a la responsabilidad que tendría el INEI, el especialista comentó que esta sería netamente administrativa, debido a que se viola la ley de datos personales. Además dijo que la primera acción que debería tener el Ministerio de Justicia, sería impedir la transferencia de datos si es que no han sido innominados y que la entidad tendría que pagar una sanción económica.
“Si se han violado esta norma se va a tener que colocar una sanción, pero la sanción es a la institución y posiblemente a los funcionarios que han ejecutado alguna mala acción con alguna sanción administrativa, pero no es un tema que amerite prisión. Además se tendría que imponer una sanción pecuniaria, que en teoría van desde 0.5 a las 100 Unidades Impositiva Tributaria (UIT), por dato que se hubiera visto afectado”.
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