Amnistía pide que víctimas de esterilizaciones forzadas sean indemnizadas

La organización Amnistía Internacional y una asociación de mujeres peruanas que dicen haber sido esterilizadas sin su consentimiento durante el gobierno de Alberto Fujimori (1999-2000) solicitaron hoy al Estado peruano elaborar un registro de víctimas con vistas a que sean indemnizadas.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, instó al Gobierno peruano en una conferencia de prensa a establecer un sistema de reparaciones que permita indemnizar "una de las violaciones más graves a los derechos humanos de los últimos tiempos".

Guevara-Rosas lamentó que la investigación de la Fiscalía de Perú "ni siquiera está cerca de cerrarse" trece años después de se interpusiera la primera denuncia y afirmó que esa circunstancia hace que el Estado "revictimice" a los afectados, que "siguen sin encontrar justicia".

En la conferencia de prensa también participó la directora de Amnistía Internacional en Perú, Marina Navarro, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, que representa a algunas víctimas, y la presidenta de la Asociación de Mujeres de Huancabamba, Esperanza Huayama, que reúne a 204 afectadas.

Navarro indicó que "gran parte de las mujeres afectadas son indígenas y campesinas de bajos recursos, la mayoría de ellas quechua hablantes, cuya salud se vio afectada y deteriorada como consecuencia de los procedimientos quirúrgicos a los que fueron sometidas sin ser debidamente informadas".

Esperanza Huayama relató a Efe que perdió el hijo que esperaba después de haber sido esterilizada forzosamente junto a un centenar de mujeres de su localidad, por parte de un grupo de médicos que nunca se identificaron y que les prometieron alimentos y medicinas.

"No sabía qué nos iban a hacer. Después de adormecerme con anestesia se dieron cuenta que estaba embarazada y yo les pedí que no me sacaran a mi hijo. Luego me desperté con un tremendo dolor y me habían dejado en una cama con otra mujer porque éramos demasiadas. Nos trataron como animales", afirmó.

La campesina procedente de la región de Piura, fronteriza con Ecuador, aseguró que una de sus compañeras falleció ese día porque le rompieron la vejiga y que otras fueron posteriormente abandonadas por sus maridos porque quedaron enfermas, con dolores e impedidas de trabajar en el campo.

"Yo ya no puedo hacer fuerza. Se me hincha la barriga y no puedo estar en el campo. La espalda me duele. Por eso pedimos justicia y reparación", añadió.

EFE