Las soluciones tienen que ser construidas a través del diálogo, lo que supone ejercer la autocrítica, reconocer los errores y estar dispuestos a escuchar los argumentos de otros.
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Nada puede ser más pernicioso que la falta de diálogo en una sociedad que sufre una amenaza venida de fuera. Y sin embargo es una constante en la historia de nuestro país. Desde la guerra civil entre Atahualpa y Huáscar mientras se asomaban los conquistadores españoles hasta las divisiones entre caudillos mientras las tropas chilenas ocupaban nuestra capital en 1881. Nadie tiene toda la razón, de la misma manera que es insensato atribuir toda la responsabilidad de las faltas a quienes no nos simpatizan políticamente. Y menos aún a quienes no satisfacen nuestros intereses particulares. Las soluciones tienen que ser construidas a través del diálogo, lo que supone ejercer la autocrítica, reconocer los errores y estar dispuestos a escuchar los argumentos de otros. Según parece, la sesión del Consejo de Estado realizada ayer fue un paso en esa dirección. El presidente de la República y el presidente del Congreso dialogaron cara a cara, en presencia de titulares de otras instituciones constitucionales, el Poder Judicial, la Fiscalía, la Controlaría, la Defensoría del Pueblo. Un sobrio comunicado da cuenta de coincidencias en puntos clave, como la prohibición de candidaturas de condenados por la justicia. Pero, aún más importante, se anuncia “unanimidad sobre la necesidad de un debate amplio, reflexivo y plural… sobre la reforma constitucional relacionada a la inmunidad parlamentaria y las prerrogativas de altos funcionarios del Estado”. Precisamente porque los temas son urgentes y las elecciones se acercan, necesitamos un debate amplio, reflexivo y plural. Evitando la exacerbación política, el Consejo de Estado llama a centrar la atención en los desafíos de fondo: la respuesta sanitaria ante la pandemia, la reactivación económica y la mejora de la eficiencia del gasto en los tres niveles del gobierno.
Tres economistas se han tomado muy en serio la tarea de analizar los alcances de la caída económica y las condiciones de la salida. Lejos del maniqueísmo y la mal disimulada hostilidad política, Alonso Segura, Piero Guezzi y Alfonso de la Torre rechazan que debamos regresar a la “vieja normalidad” definida por una triple desigualdad: de ingresos, de acceso a los servicios y de derechos. Los autores del artículo publicado en Gestión reprochan al gobierno haber pasado “de cerrar y prohibir (casi) todo a abrir y permitir (casi) todo sin una estrategia”. De la misma manera que el subsidio a la planilla debería convertirse en una política pro “flexicurity”, las facilidades crediticias para MYPEs deben integrarse a una estrategia de diversificación productiva de largo plazo. Los autores afirman que no bastarán “ni la retórica ni las buenas intenciones”; lo que se necesita, concluyen, es “cambios en la organización y capacidades del Estado para que abandone su rol pasivo y se convierta en un factor clave en el desarrollo”. O sea, “un nuevo paradigma”.
El diálogo y la necesidad de ajustar las funciones del Estado a la diversidad de la población son indispensables en todos los países del mundo. Pero quizás nuestra región sea un caso particular a causa de su compleja composición demográfica y lo antiguo de su mestizaje. Hasta su nombre lleva la marca de nuestra identidad plural: América Latina, la única región definida por un concepto cultural y no geográfico, “latina”. Una investigación publicada en la revista Nature ofrece un fundamento genético a la intuición que formuló el aventurero Thor Heyerdahl en 1947. La comparación del genoma de poblaciones indígenas del Pacifico y habitantes de islas de Polinesia probaría un viejo mestizaje, que se produjo 300 años antes de la llegada de los primeros europeos. Si nuestra historia es antigua y nuestros entrecruzamientos ricos y variados, ¿porqué no podríamos buscar entre peruanos del siglo XXI formas apaciguadas de reformar nuestras instituciones y hacer un frente común contra el coronavirus?
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