'Gabinete en la sombra': Fiscalía abrió investigación a asesores de Pedro Castillo por presunta organización criminal

La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada abrió una investigación preliminar contra los asesores del presidente Pedro Castillo y trabajadores de Palacio de Gobierno, denominados como el “Gabinete en la sombra”.

De acuerdo con el documento, Biberto Benerardo Castillo Leon, Beder Camacho Gadea y Jaime Idrogo Mejía son investigados por el presunto delito de organización criminal en el interior de Palacio de Gobierno. Asimismo, se investiga a los funcionarios Wilson Petrel Mostacero, Rodolfo Ramírez Apolinario, Franco Pomalaya Neyra, José Luis Cristóbal Quispe y Sandra Paico Carrasco.

La pesquisa se da por las declaraciones de la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, quien mostró su "preocupación por el entorno de asesores que tiene" el mandatario y "que hacen que él cometa errores".

Además, de las expresiones del exsecretario general de Palacio de Gobierno, Carlos Jaico, que advirtió que muchas de las decisiones adoptadas por el presidente Pedro Castillo las hace bajo la influencia de “algunos asesores y funcionarios designados cual gabinete en la sombra”.

De igual forma, el exministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, había señalado que el asesor Biberto Castillo gestionó “insistentemente” la designación de Daniel Salaverry como presidente de directorio de Petro-Perú.

QUIÉNES DECLARARÁN EN ESTE CASO

La investigación preliminar se abrió por 60 días; no obstante, se aclaró que la misma se podrá ampliar por 36 meses más por considerarse un caso de presunto crimen organizado.

La Fiscalía convocó a declarar en este caso a la expresidenta de la PCM, Mirtha Vásquez, al exministro de Energía y Minas, Eduardo Gonzáles Toro, al exsecretario general de Palacio de Gobierno, Carlos Jaico, al exministro del Interior, Avelino Guillén, y al exministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke.

Asímismo, se dispuso recabar los antecedentes penales, judiciales y policiales de los investigados. Así como oficiar a la Oficina de Recursos Humanos de la Presidencia de la República del Perú para que remitan la totalidad de los legajos laborales de los investigados.

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