El ministro de Justicia indicó que hay reformas constitucionales que deben ser abordadas por el Congreso, de manera prioritaria, hasta el próximo 31 de enero. Además, señaló que el Ejecutivo propondrá que "se deje sin efecto la intangibilidad normativa".
El ministro de Justicia, José Tello, dio detalles acerca de los temas que abordará el Grupo de Trabajo Sectorial encargado de proponer reformas políticas, desde el Ejecutivo, con miras al adelanto de elecciones generales para abril del 2024.
En ese sentido, señaló que es un grupo "abierto al diálogo" y que se trabajará con "diferentes actores de la sociedad civil, entendidos en la materia de lo electoral, lo político y lo constitucional" y que se abordarán 3 ejes centrales.
"Primero, el tema del fortalecimiento de la institucionalidad. Segundo, el equilibrio de poderes. Tercero, la representación política. Estos son ejes grandes, pero comprenden reformas constitucionales que tienen que ser prioridad para que se puedan ver hasta el 31 de enero", explicó en Ampliación de Noticias.
Intangibilidad normativa
En ese sentido, el titular del Ministerio de Justicia (Minjus) sostuvo que pedirán que se "deje sin efecto la intangibilidad normativa" a fin de que haya un "espacio mucho más amplio" para que se puedan abordar leyes electorales.
"Si se aprueba en segunda votación el adelanto de elecciones para abril del 2024, entonces, para no acortar el margen de legislación en materia de reforma electoral, ya con leyes más que con reformas constitucionales, estamos presentando una propuesta que permita que se pueda legislar hasta julio (del 2023), antes de la convocatoria de elecciones"
Como se sabe, la intangibilidad normativa dispone que, un año antes de las elecciones, no se pueden hacer reformas electorales en el Congreso de la República. Conforme a ello, el Legislativo solo podría aprobar reformas en dicha materia hasta abril del 2023, considerando que los comicios se realizarían en abril del 2024.
"Recordemos que hay un plazo legal para convocar elecciones que es 270 días antes de la realización de la misma, es decir, julio del 2023", subrayó el ministro Tello.
Intervención en el penal de Ancón I
Por otro lado, respecto a la requisa inopinada que se realizó en el penal de Ancón I hasta las 4 am. de hoy, sábado, el ministro de Justicia indicó que es parte de las medidas que ejecutará "la nueva administración" para reducir el uso de equipos celulares al interior de las cárceles y la vulneración del sistema de bloqueo de señal.
"Hay una vulnerabilidad en el acceso de estos equipos, frente a lo cual, la nueva administración, va a ejecutar una serie de acciones para evitar que entren estos equipos, cuya tenencia es ilícita, es un delito", sostuvo.
"La señal es algo que va con las empresas que dan el servicio de bloqueo y vamos a trabajar con ellas para que esto mejore. Quizá incrementar las sanciones administrativas, ser más duros con los reclusos que son infractores", agregó.
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