El ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, señaló que no puede "adelantar juicio" porque estos hechos están en investigación. Un informe de Contraloría detectó presuntas irregularidades en la adjudicación de la construcción del puente Tarata.
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, evitó adelantar una opinión sobre el informe de la Contraloría que detectó presunta corrupción en la adjudicación de la construcción del puente Tarata.
El titular del MTC señaló que el Poder Judicial será quien determine si existieron responsabilidades en este caso.
"Eso lo sabe Provías Descentralizado, está en investigación, no podemos adelantar juicio. Lo tiene la justicia, ellos van a determinar, nosotros no", expresó al Canal N.
Informe de la Contraloría
La Contraloría General de la República detectó irregularidades en la licitación pública de la “Construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga”, valorizada en más de S/ 304 millones en la región San Martín. Tres integrantes del Comité de Selección de Provías Descentralizado tendrían responsabilidad penal y/o administrativa en estos hechos ocurridos el 2021.
En la adjudicación de esta obra se encuentra implicada Karelím López, quien es investigada por la Fiscalía por presunto tráfico de influencias. Informes periodísticos revelaron que la empresaria realizó visitas a Palacio de Gobierno antes y después de la buena pro.
Según el Informe de control específico, en la Licitación Pública N° 01-2021-MTC/21, el Comité de Selección benefició al postor ganador de la buena pro al postergar irregularmente la etapa de presentación de ofertas.
No hay sustento válido
El documento de Contraloría señala que el acta suscrita el 6 de octubre del 2021 no fundamenta la decisión de postergación y tampoco existe un sustento válido en los documentos del expediente de contratación. El postor ganador no contaba con el certificado de poder de uno de sus consorciados, requisito obligatorio para la presentación de ofertas.
Además, los miembros del Comité de Selección no advirtieron que las empresas que conformaban los consorcios que ocuparon el primer y segundo lugar tenían un impedimento legal al pertenecer al mismo grupo económico.
Los representantes legales y gerentes generales de las empresas tienen un vínculo de consanguinidad (son hermanos) y un accionista en común, además de tener similar giro de negocio; sin embargo, se permitió su participación en la presentación de ofertas y uno de ellos obtuvo la buena pro.
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