La era de Martín Vizcarra: Su llegada a la Presidencia marcó un giro en las relaciones Ejecutivo y Congreso

La tarde del viernes 23 de marzo del 2018, Martín Vizcarra se convirtió en el presidente constitucional número 61 de la historia del Perú republicano. Esa misma mañana, el Congreso de la República había aceptado la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, apremiado por cargos muy serios de corrupción.

En su discurso inaugural en el Parlamento, Martín Vizcarra se mostró convocante, tocando algunos temas sensibles como la lucha contra la corrupción, al tiempo que exhortaba a las clases políticas a recuperar la credibilidad y estabilidad política del país.

Vizcarra, quien declaró su compromiso de poner punto final a una política de odio y confrontación en el Perú, anunció la conformación de un gabinete completamente nuevo que pondría énfasis en la lucha anticorrupción.

“No va a templarnos la mano para llevar adelante las medidas necesarias para sacar al Perú de la situación actual. Llegó el momento de decir basta. Hay mucho por hacer en nuestro país”, dijo.

Cuatro días después, el 27 de marzo, Edmer Trujillo Mori juramentó como ministro de Transportes y Comunicaciones debido a que Bruno Giuffra, el titular en funciones, estaba cuestionado por supuestamente ofrecer obras a congresistas a cambio de votara contra de la vacancia de Kuczynski.

Nuevo gabinete

El 2 de abril juramentó el nuevo gabinete ministerial en una ceremonia realizada en el patio de honor de Palacio de Gobierno.

Vizcarra designó como nuevo presidente del Consejo de Ministros a César Villanueva, congresista de Alianza para el Progreso y promotor del segundo pedido de vacancia contra Kuczynski, lo que le generó críticas entre sus propios partidarios que advertían en este nombramiento una recompensa política a Villanueva y de paso un acercamiento a la mayoría fujimorista del Congreso.

Lo cierto es que el nuevo gabinete ministerial obtuvo el voto de confianza del Congreso.

En ese sentido, uno de los primeros retos de su administración fue superar la animadversión de su propia bancada y de la vicepresidenta Mercedes Aráoz quien, en las semanas previas a su llegada a Palacio de Gobierno, señaló hasta en tres oportunidades que Vizcarra debía renunciar si PPK dejaba la presidencia y cuando ya tenía dos meses y medio en el poder pensaba que todavía carecía de legitimidad.

“Difícil porque tiene que ganarse una legitimidad que todavía no la tiene”, dijo Aráoz.

Su oposición a la denominada ‘Ley Mulder’, ley que prohibía la publicidad de las instituciones del estado en medios de comunicación privados, nos mostró por primera vez a un presidente firme frente a un Congreso que exhibía la fortaleza de la mayoría fujimorista en alianza con la experimentada bancada del partido aprista.

Luego, el 7 de julio, estalló el escándalo de los audios que involucraban a los magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura, al presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos y al vocal supremo Cesar Hinostroza.

Los audios, producto de intervenciones telefónicas legales, ponían en evidencia ofrecimientos de rebajas de penas, intercambios de favores y negociaciones para el nombramiento de jueces y fiscales, entre otros.

Dos días después el presidente Martín Vizcarra convocó al consejo de estado para evaluar la respuesta que debía darse a esta crisis, lo que se tradujo el 13 de julio en el nombramiento de una comisión de Reforma del Sistema de Justicia, bajo la presidencia del embajador Allan Wagner Tizón.

Este grupo de trabajo debía entregar a los doce días de su instalación "un primer informe con recomendaciones de medidas urgentes y concretas para la reforma del sistema de justicia".

El referéndum

Pero el verdadero golpe de timón que le permitió al presidente revertir la caída en sus índices de aprobación ciudadana fue el Mensaje a la Nación del 28 de julio en el que anunció la convocatoria a un referéndum para la reforma constitucional en cuatro temas: la reforma del sistema de justicia, el financiamiento de los partidos políticos, la no reelección de congresistas y el retorno a la bicameralidad.

Eso implicaba un rompimiento con el fujimorismo que controla el Congreso y que solo un mes antes le había concedido facultades legislativas en materia tributaria, financiera, de Reconstrucción y lucha contra la corrupción entre otros temas.

El 9 de agosto el presidente se presentó ante el Congreso acompañado de su jefe de gabinete para entregar los cuatro proyectos que serían sometidos a referéndum, exhortando al Congreso a aprobarlos rápidamente para que estos pudieran someterse a consulta popular el 9 de diciembre, junto a la segunda vuelta electoral regional.

Esto último motivo la reacción del Congreso que consideró el pedido presidencial una presión inadmisible sobre otro poder del Estado y dilató el debate sobre las reformas, pero ante la presentación de una cuestión de confianza del Ejecutivo culminó la revisión de los proyectos en el plazo requerido.

El 3 de octubre el juzgado supremo de investigación preparatoria anuló el indulto humanitario que PPK le concedió en diciembre del 2017 al expresidente Alberto Fujimori quien, afectado en su salud, se internó en una clínica local.

El presidente Martin Vizcarra señaló entonces que, así como se había respetado la decisión de concederle el indulto a Fujimori ahora correspondía respetar la decisión de anularlo.

Tres días después, el 7 de octubre, se realizaron las elecciones municipales y regionales que dieron como ganador en lima al candidato de Acción Popular y ex alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz. El presidente saludó su elección y anunció el respaldo de su gobierno para el nuevo burgomaestre capitalino.

El 29 de octubre el presidente Martin Vizcarra reiteró su pedido para que el Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, renuncie por los vínculos que tendría con los magistrados involucrados en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

El domingo 9 de diciembre se realizó el referéndum, el resultado estaba cantado: un respaldo  mayoritario a las propuestas del Gobierno que supo sintonizar con el enorme descontento popular hacia al clase política en general y al Congreso en particular.