La prevención debe ser el eje de las políticas de seguridad ciudadana

Las victimización en las ciudades del Perú se ha reducido pero sus habitantes aún se sienten vulnerables. Según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 27% de la población urbana declaró haber sido víctima de algún delito en el 2017, cifra menor al 31% registrado en el 2016.

No obstante, una última encuesta del Instituto Integración (2018) recogió que el 57% de los peruanos aún se siente inseguro en las zonas urbanas del país. De hecho, a pesar de que la delincuencia común ha caído, los delitos violentos asociados al crimen organizado han ido en aumento. En Tumbes, por ejemplo, la tasa de homicidios creció de 4,7 a 42,5 por cada cien mil habitantes entre el 2011 y el 2016. ¿Están funcionando las medidas contra la criminalidad? ¿Es el castigo la principal solución?

Integración preparó para el I Foro Integración al Bicentenario, organizado por RPP y desarrollado el último 11 de mayo, el informe “Un nuevo enfoque para construir espacios seguros”, en el que destaca el rol de la prevención en la inseguridad ciudadana.

Lee el informe “Un nuevo enfoque para construir espacios seguros” aquí

La medida que genera mayor expectativa es la estrategia multisectorial Barrio Seguro, que involucra a la policía, al serenazgo y a las juntas vecinales en el combate contra la delincuencia, además de contemplar programas de ocho ministerios para reducir los factores de riesgo locales.

“Mi crítica al programa es que la intersectorialidad es muy baja todavía, [aunque] es cierto que es muy difícil hacerlo”, señaló a Integración el investigador de la Universidad de Lima Wilson Hernández.

Uno de los principales factores de riesgo que debe prevenir esta estrategia es la deserción escolar. Según el Ministerio de Educación (Minedu, 2016), el 11.9% de los estudiantes abandonan su educación básica. Un estudio de la Universidad del Desarrollo de Chile (2015) advierte que a nivel latinoamericano, el nivel de deserción escolar era de 5%.

El reto del Ministerio del Interior (Mininter) será la coordinación con el Minedu para aplicar la Jornada Escolar Completa, que implica que los estudiantes tengan 10 horas semanales más de clases, en los colegios de las zonas con mayor criminalidad. Barrio Seguro también propone otorgar las becas Doble Oportunidad para jóvenes de hasta 25 años que no han culminado sus estudios y están inmersos en espacios violentos. Así, el diálogo intersectorial resulta determinante.

Otro factor de riesgo que busca reducir esta estrategia es la violencia en los hogares. En los últimos años, los adultos se han vuelto más tolerantes con la idea de golpear a los niños como “correctivo”, según cifras del INEI. En el 2012, por ejemplo, el 14% de los padres y madres consideraban que el castigo físico hacia los hijos se justificaba “algunas veces”. En el 2016, la proporción escaló hacia el 19%. Además, el 23% de los padres y el 26% de las madres aceptaron “corregir” con golpes o castigos físicos a los menores del hogar.

En este sentido, los Centros de Emergencia Mujer o las Defensorías Municipales de Niños y Adolescentes (Demunas) entran en la estrategia de seguridad.

Hernández explicó que esta iniciativa del gobierno, que se aplica desde el 2016, es positiva si bien aún no existe la forma de medir sus resultados por ser una política muy reciente. Señaló, además, que todavía es necesario invertir más para que crezca de manera ordenada. “Hoy hay aproximadamente 30 distritos [en los que se ha implementado] de los cerca de 1 800 a nivel nacional”, afirma. 

Otros factores que deben reducirse son el uso indebido del tiempo libre (que requiere diálogo del Mininter con el Ministerio de Cultura, el Minedu y el Instituto Peruano del Deporte), la carencia de oportunidades laborales (Ministerio de Trabajo), entornos violentos (Ministerio de la Mujer y Ministerio de Inclusión Social), violencia de género (Ministerio de la Mujer), el consumo de alcohol y drogas (Devida), la falta de espacios públicos (Ministerio de Vivienda) y la brecha de atención en salud mental (Ministerio de Salud).

“Es un buen momento para decidir desarrollar políticas sociales, no solo programas”, dijo a Integración la abogada criminóloga Lucía Nuñovero. La especialista sostiene que la inseguridad debe atacarse desde sus raíces, como, por ejemplo, mejorar el actual sistema educativo y el sistema de salud. El último censo penitenciario (2016) grafica de alguna forma esta problemática: el 63% de los presos no concluyó sus estudios de educación básica o nunca los tuvo.