La reforma del transporte ha sufrido golpes con cambios en la Sutrán e intentos de remover a la presidenta de la Autoridad Nacional de Transporte (ATU), mientras que el ministro Juan Francisco Silva pacta con los transportistas. Especialistas analizan la situación.
Aunque aún espera ser interpelado por el Congreso, el ministro de Transportes, Juan Francisco Silva, tiene mucho que responder sobre la reforma del transporte, los cambios en la Sutrán, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU); y sobre todo la supuesta ampliación de la autorización para que combis y coasters continúen circulando por las calles de Lima y Callao.
Solo en la capital, tenemos más de 370 empresas bajo el sistema de afiliación; es decir, transportistas agrupados de manera desordenada y con poca supervisión. Caldo de cultivo para accidentes de tránsito e informalidad.
Que el ministro Juan Francisco Silva haya llegado a cuestionables acuerdos con los gremios de transportistas afectan a las personas con más necesidades, que son las que gastan más dinero en transportarse en Lima, comenta Mariana Alegre, directora de Lima Cómo Vamos.
"Se está prefiriendo las empresas, a los empresarios, a los dueños de las rutas por sobre los usuarios, los pasajeros, que son supuestamente, finalmente, el centro del actual gobierno. Todas estas medidas entorpecen, si es que no eliminan la posibilidad de tener un transporte seguro y digno para todos los ciudadanos", afirma.
Un sistema de transporte como el que tenemos en el Perú afecta directamente a sus usuarios. Graves impactos en la salud pública por el estrés que genera desplazarse; en la economía por el elevado gasto en pasajes; y en nuestro bienestar, pues una persona puede pasar cuatro horas diarias en un bus de transporte público.
“Lamentablemente, con esta decisión lo que está haciendo es patear el tablero 10 años después, es decir, estamos regresando a la década del noventa. Est es lo peligroso", comenta el presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia. "Se está dando la espalda a 10 millones de limeños para favorecer a un grupo de empresarios", sentencia.
¿Y EL PAPEL DE LA ATU?
Los especialistas coinciden en que también existe una desazón ante la falta de acciones concretas de parte de la ATU, que más bien ha tenido avances más institucionales que prácticos. Pero, ¿qué se puede hacer?
"Deben ratificar lo que se viene trabajando en la ATU, que es una entidad técnica. Por eso es que por Ley se nombró un directorio con validez por cinco años, justamente para evitar que cuando hayan estos cambios políticos se remuevan a las personas y se retroceda con lo avanzado. Si hay una disconformidad, hay que darle los recursos, que se hagan informes, ver el plan a seguir y reforzarla", sostiene Alfonso Flórez, presidente de la asociación Transitemos.
La reforma de transporte debe avanzar en favor de millones de usuarios que día a día se movilizan en la ciudad. Es momento de pensar en un sistema a futuro y en el que la informalidad desaparezca.
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