El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado señaló que este tipo de norma es propia de países autoritarios, ya que la Policía no tiene "conocimiento jurídico técnico". También consideró que el TC debería vetar el decreto.
Judiciales
El exprocurador señaló que la norma aprobada por el Ejecutivo es un retroceso en materia de administración de justicia
El último sábado, la presidenta de la república Dina Boluarte, en una ceremonia en la sede de la Dirincri, presentó el Decreto Legislativo N° 1605, que modifica 30 artículos del Nuevo Código Procesal Penal "para optimizar el marco legal que regula la investigación del delito y la intervención de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público".
"Después de 19 años, la Policía recupera las facultades plenas de investigar los delitos en la etapa preliminar y lo hace sin afectar un ápice las atribuciones del Ministerio Público”, indicó la jefa de Estado.
"De esta manera, la PNP podrá realizar las diligencias de investigación urgentes o inaplazables que luego formarán parte de las diligencias preliminares de acuerdo al marco legal (...) De esta forma se están consolidando lo roles de la Policía y del Ministerio Público en relación al proceso penal", agregó.
No obstante, el decreto ha sido cuestionado por un sector de la opinión pública, que considera que se están ampliando innecesariamente las prerrogativas de la Policía, en detrimento del Ministerio Público, y multiplicando los riesgos hacia el debido proceso.
Al respecto, RPP conversó con el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado, quien señaló que este tipo de normas es "propia de países de corte autoritario".
¿Cuáles son los riesgos de la nueva norma?
Según indicó Maldonado Paredes, la norma es "un gravísimo retroceso a lo que el Perú ha avanzado en estos años en materia de reforma procesal penal".
"En los países desarrollados (…), menos en las dictaduras, la investigación la conduce y la dirige un Ministerio Público moderno, eficiente (…), no la Policía, que es un órgano que coadyuva a la investigación, pero el conocimiento jurídico técnico (…) no la tiene el cuerpo policial sino el Ministerio Público", indicó.
"Los países de la región de corte autoritario tanto de derecha como de izquierda (…) usan estos modelos donde se suprime o la presencia del Ministerio Público es ilusoria. Todo ello contradice el concepto de la debida diligencia que es pacífico, aceptado por la doctrina y la jurisprudencia de órganos internacionales de derechos humanos del mundo", agregó.
El exprocurador indicó que es lamentable que "la tendencia en modelos democráticos híbridos, como dice The Economist sobre el Perú (…), sea inclinarnos hacia medidas populistas que dan la sensación de que se está haciendo algo, que en realidad no resultan eficaces porque nadie seriamente cree que el derecho penal actuando sólo resuelve el grave problema de la criminalidad".
Respecto a los riesgos que podría representar la nueva norma, Antonio Maldonado resaltó que se podrían vulnerar derechos humanos de la ciudadanía.
"En los casos en los que se investigue graves delitos como contra la vida, la integridad, incluso delitos conexos contra la propiedad, la extorsión (...) Todos los delitos que requieren una intervención rigurosa, pero a la vez prudente y razonable requieren de parámetros muy claros, y no marcos normativos ambiguos que dan lugar a una interpretación que puede resultar (…) en lesiones de derechos ciudadanos", aseveró.
En ese sentido, consideró que las mismas facultades "se podrían fortalecer en el papel que tiene el Ministerio Público en la conducción y el liderazgo de la intervención policial".
"La norma nos revela una fractura institucional en la relación ya difícil de construir en los últimos 30 años entre el Ministerio Público y la Policía (…) Todo esto se puede hacer, pero con un concepto diferente en el que el Ministerio Público esté reforzado, repotenciado, en su papel de dirección y supervisión de la acción policial", puntualizó.
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