Sunedu sancionó a la Universidad San Martín y pidió la vacancia de su rector. | Fuente: Andina

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) sancionó a la Universidad de San Martín de Porres (USMP) con ocho multas que suman S/ 8 614 928, por “el uso de sus activos con fines distintos a los establecidos en la Ley Universitaria” entre los años 2013 y 2018.

En su resolución, el ente rector también ordenó iniciar “el proceso de vacancia” del rector de la San Martín, José Chang Escobedo, “en la medida que permitió que se realicen operaciones con fines distintos a los universitarios”.

La Sunedu encontró en su investigación que esta casa de estudios “efectuó préstamos e inversiones a favor de siete de sus empresas, las cuales se encontraban en situación de déficit constante”.

“Respecto a estas operaciones, la USMP no ha demostrado con documentos de fecha cierta el cumplimiento de un fin universitario concreto. Asimismo, la USMP realizó colocaciones en un fondo de inversión, y el retorno de las mismas no fue aplicado para el fin universitario establecido”, sentenció la Superintendencia.

El ente cuestionó que las autoridades de esta universidad permitieron que, de manera sistemática, se efectúen las operaciones cuestionadas “en desmedro de los intereses de la universidad, sin adoptar ninguna acción correctiva”.

“Según los estados financieros de la universidad, el monto total involucrado en las operaciones cuestionadas fue de doscientos noventa y tres millones, setecientos veintiséis mil doscientos dieciséis soles (S/ 293 726 216), que durante todo el periodo analizado no ha retornado a la universidad”, remarcó.

La Sunedu ordenó a la USMP abstenerse “de manera inmediata” de utilizar sus activos con las empresas que fueron materia de investigación y presentar un plan en el que consten las acciones que adoptará, “a fin de recuperar los montos otorgados en calidad de préstamo o inversión”.

Asimismo, exigió a la casa de estudio adoptar las acciones que correspondan a fin de que se determine la responsabilidad de las personas involucradas en la autorización de las operaciones analizadas.

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