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El jefe de la Dirección de Orden y Seguridad de la PNP indicó que la delincuencia "no es un problema policial", sino que abarca "factores sociales, económicos, laborales y hasta estructurales" que implican a todo el colectivo social
Gobierno
El general PNP indicó que se ha detenido más de 600 personas en flagrancia en SMP y SJL
El general PNP Víctor Zanabria, jefe de la Dirección de Orden y Seguridad de la PNP, en diálogo con RPP Noticias, dio un balance sobre los estados de emergencia sucesivos decretados en distritos como San Juan de Lurigancho (SJL), San Martín de Porres (SMP), Cercado de Lima y Lince, en Lima.
El pasado 18 de setiembre, el Ejecutivo dispuso dicha medida empezando por los dos primeros distritos referidos, además de la provincia de Sullana en Piura, como respuesta a la alta tasa de criminalidad que se vive en el país.
No obstante, delitos como el robo y el sicariato continúan siendo constantes en dichas jurisdicciones, por lo que la opinión pública cuestiona la efectividad del estado de emergencia.
El estado de emergencia "no es suficiente"
Al respecto, Zanabria Angulo indicó que la población considera que la medida "es la colocación de personal militar y el incremento de personal policial en las calles, con algunos recursos operacionales de control de identidad y delitos menores", pero que "el problema es variado".
"Lo que se tiene que analizar es qué se va a medir: la limitación de derechos, el resultado de las acciones delictivas o la operatividad policial. Se ha detenido más de 600 personas en flagrancia en (SMP y SJL), que es el doble de lo que normalmente se detiene. Se han desactivado varias bandas criminales que operaban en ambos distritos", sostuvo.
No obstante, indicó que el estado de emergencia "no es suficiente" para frenar la creciente tasa de criminalidad.
"Lo que hay que ver es que, pese al esfuerzo que se tiene desde el Gobierno central y el Ministerio del Interior, parece que no son suficientes para revertir esta acumulación delictiva que se ha dado hace años. Nosotros queremos que en 60 días se solucione un problema de más de 20 años (…) que tiene SJL con la informalidad, con un manejo inadecuado del gobierno local y que inclusive los últimos alcaldes están presos por crimen organizado", aseveró.
"El estado de emergencia es una decisión del gobierno para limitar derechos. ¿Cómo la limitación de derechos puede mejorar una condición de seguridad pública si la propia CIDH observa que es inaplicable la medición de actos de violencia o conflictividad social con estados de emergencia?", agregó.
El general de la Policía resaltó que "la situación conflictiva criminal no es un hecho que haya aparecido hace 40 días con el estado de emergencia", sino "una acción acumulada de muchos años".
"El hacinamiento poblacional en espacios geográficos (como) SJL (…) o el hacinamiento urbano en SMP no se va a solucionar con un patrullaje. Aquí tiene que haber una actividad en conjunto de todos los actores sociales (…) No es que se vaya a poner un policía en cada panadería o ferretería, es que tenemos que fortalecer el sistema punitivo del Estado empezando por las denuncias", sostuvo.
"Si pensamos que solo la Policía lo va a solucionar, estamos haciendo golpes de ciego porque no es un problema policial, es un problema que abarca factores sociales, económicos, laborales y hasta estructurales", añadió.
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Luis Felipe Rodriguez Jimenez Redactor web / Periodista
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